“Los árboles son sagrados, no se tocan”

Cristina Fernández de Kircher (15/2/2013)

Por Darío Aranda

Entre 2004 y 2012 las topadoras arrasaron 2.501.912 hectáreas, el equivalente a 124 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. Otra forma de decir lo mismo: en Argentina se arrasan 36 canchas de fútbol por hora. Los datos surgen del cruce de relevamientos oficiales y de oenegés. El último informe de la Secretaría de Ambiente de la Nación relevó el período 2006/2011y contabilizó que se arrasaron 1.779.360 hectáreas de monte nativo. La causa, tan obvia como impune, el avance de la frontera agropecuaria, con cultivos transgénicos (soja y maíz) y la ganadería intensiva. El desmonte no es solo impacto ambiental, también implica conflictos por la tierra, represiones y asesinatos de campesinos e indígenas.

Paisaje monótono

La ruta 34 une la capital de Santiago del Estero con Salta. Impacta el paisaje homogéneo. Cultivo intensivo, soja alternada con maíz, más soja, y más maíz y más soja. Sólo alterada por la transición entre monte y cultivo: filas de troncos apilados, aún humeando, arrasados para abrir camino a más soja. Ni pasto queda. El monótono paisaje no distingue fronteras. El sur y noreste de Salta es idéntico. Se repite en Chaco y Córdoba. Todas provincias que conocieron del “corrimiento de frontera agropecuaria”.

Las estadísticas de deforestación son una explicitación de ese avance.

En pleno conflicto por la resolución 125, marzo de 2008, la Secretaría de Ambiente de la Nación difundió el informe “El avance de la frontera agropecuaria y sus consecuencias”. Detalla que entre 2002 y 2006 se arrasaron 1.356.868

hectáreas. Un promedio anual de 339.217, al mes 939 hectáreas. Cada hora se deforestaron en Argentina 39 canchas de fútbol.

“Una de las causas principales actuales de pérdida de los bosques nativos es sin duda el avance de la frontera agropecuaria. Miles de hectáreas son desmontadas para el cultivo de diferentes especies agrícolas, en particular de la soja, en los últimos diez años”, afirmó la Secretaría de Ambiente y puntualizó en los efectos: aumento de la erosión y desertificación, pérdida de la regulación de aguas superficiales y del subsuelo, disminución de la calidad del agua, pérdida de la diversidad biológica, migración de la población hacia los centros urbanos, pérdida de valores culturales.

El ranking de deforestación estuvo encabezado por Santiago del Estero (515.228 ) y Salta (414.934). Lejos, tercero, Chaco: 127.491 hectáreas.

En junio de 2012, otro documento oficial confirmó que la pérdida de monte continuaba. “Monitoreo de la superficie de bosque nativo”, es el nombre del informe realizado por la Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal (Umsef) de la Dirección de Bosques de la Nación. Relevó el periodo 2006-2011 las regiones del Parque Chaqueño, Selva Misionera y Selva Tucumano Boliviana.

Detalló la pérdida de 1.779.360 de hectáreas. Un promedio de 34 hectáreas por hora. Santiago del Estero 701.030 hectáreas. Salta, 440.943. Chaco 168.588. Formosa 174.340.

De ese 1,7 millones de hectáreas, 932.109 fueron arrasadas luego de aprobada la Ley de Bosques (26.331), que –justamente– prohíbe desmontar.

“En las provincias los procesos de pérdida de superficie de bosque nativo fueron causados principalmente por el avance de la frontera agropecuaria. Las imágenes satelitales ponen de manifiesto la existencia de nuevos cultivos, que en varias oportunidades corresponden a soja”, reconoce el informe oficial y advierte: “La sostenibilidad de los altos precios internacionales, en los últimos años, posibilitó la perdurabilidad e incluso la intensificación en la producción de productos de consumo masivo a nivel internacional, como la soja, avanzando territorialmente sobre nuevas tierras antes impensadas para prácticas agrícolas por la presencia de índices de productividad agroclimáticos bajos. De esta manera, se expandió la actividad sojera desde el norte de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, especialmente a provincias como Santiago del Estero, Chaco, Tucumán y Salta, pese a las limitaciones climáticas”.

Hecha la ley

La Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (más conocida como Ley de Bosques) se sancionó el 28 de noviembre de 2007. Pero la Presidenta tardó catorce meses en reglamentarla.

El febrero de 2009 un alud inundó y destruyó parte de la ciudad de Tartagal (Salta). Organizaciones sociales y académicos apuntaron a la tala selectiva (por venta de madera y por la actividad petrolera). La Presidenta visitó la zona. El 13 de febrero, de regreso a Buenos Aires, reglamentó la ley de bosques.

A cinco años de la sanción de la norma, en febrero pasado, Greenpeace, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Vida Silvestre presentaron un informe conjunto en el que –en base a datos oficiales– evaluaron el nivel de cumplimiento de la Ley de Bosques. “Si bien desde la sanción de la Ley el promedio de deforestación anual disminuyó casi un 20 por ciento (pasó de aproximadamente 280.000 a 230.000 hectáreas al año), el mismo sigue siendo muy elevado: según datos oficiales entre 2008 y 2011 se desmontaron 932.109 hectáreas. Santiago del Estero (399.660), Salta (222.868), Formosa (113.109) y Chaco (102.592) han sido las provincias con mayor deforestación”, afirman las ONG.

El informe, llamado “Ley de Bosques: cinco años con pocos avances”, estima que desde la sanción de la ley hasta fines de 2012 se deforestaron 1.145.044 hectáreas. 229.009 hectáreas por año, 627 hectáreas por día. 26 hectáreas por hora.

Si se suman los desmontes del periodo 2004-2008 (1.356.868), en los últimos nueve años se arrasaron 2.501.912, el equivalente a 124 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires.

Argentina cuenta con 30 millones de hectáreas de bosque nativo, el 30 por ciento de la superficie forestal original. “Nuestro país se encuentra en una verdadera emergencia forestal, acentuada fuertemente en los últimos 15 años por la expansión descontrolada de la actividad agropecuaria”, aseguran las ONG y alertan que no fue respetada la moratoria a nuevos permisos de desmontes establecida en los artículos 7 y 8 de la Ley (desde su sanción a fines de 2007 hasta que las provincias realizaran el Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos). “Durante ese período en la región chaqueña, la selva misionera y la selva de yungas, se deforestaron más de 470.000 hectáreas”, afirma.

Ley desfinanciada

La Ley de Bosques establece que el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos (artículo 31) no podrá ser inferior al 0,3 por ciento del Presupuesto Nacional. A eso debiera sumar el dos por ciento del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, la ganadería y del sector forestal, correspondientes al año anterior. El financiamiento apunta a mejorar la capacidad técnica y de control de las provincias, compensar a los titulares que realicen tareas de conservación y manejo sostenible, y fomentar las actividades productivas que los pequeños productores rurales y comunidades indígenas realizan en los bosques.

Greenpeace, FARN y Vida Silvestre detallaron que en 2008 y 2009 la norma no contó con presupuesto. En 2010 los fondos asignados fueron de 300 millones de pesos, cuando debieron haber sido de al menos 821 millones de pesos (0,3 por ciento del Presupuesto Nacional). “Si se suman las retenciones a las exportaciones, debieron haber alcanzado los 1.200 millones del pesos”, recuerda. Y denuncia que el 11 de febrero de 2010, 144 millones de pesos fueron reasignados al “Programa Fútbol para Todos” mediante la decisión de la Jefatura de Gabinete de Ministros. “En 2012 los fondos fueron de 267 millones. Como mínimo debieron haberse previsto 1.300 millones de pesos”, advierten las ONG ambientales y cuestionaron “la constante falta de presupuesto para la conservación y el uso sustentable de los bosques nativos”. Explicaron que en 2013 los fondos serán diez veces menos que lo establecido por la Ley: 230 millones de pesos, cuando debieron haber alcanzado los 2.300 millones.

Capital del desmonte

La Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf –espacio de ONG y técnicos del norte argentino) con la cooperación técnica de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) reveló que entre 2008 y septiembre de 2012 se desmontaron en Salta 330.504 hectáreas.

El relevamiento de Redaf, de 40 carillas, llamado “Bosque Nativo en Salta. Análisis de deforestación y situación del bosque chaqueño en la provincia”, puntualiza que de las 330 mil hectáreas deforestadas, 98.894 fueron en zonas prohibidas por el ordenamiento territorial y 53.202 violando la restricción dictada por la Corte Suprema de Justicia (entre 2009 y 2011).

El trabajo precisa que, entre 2001 y 2012, se desmontaron 920.640 hectáreas. “La tasa de desmontes creció con el fin de la convertibilidad (2001). El interés creciente por habilitar nuevas tierras para cultivos de exportación y ganadería, empujó los desmontes especialmente hacia el Chaco Salteño”, confirma la Redaf.

Arrasando vidas

Deforestación y violencia sobre campesinos e indígenas van de la mano.

El informe de Greenpeace, FARN y Vida Silvestre remarca que en Santiago del Estero aumentaron los conflictos de tierras y “se han vuelto cada vez más violentos”. Denunció que no se realizan las audiencias públicas (que insta la ley) antes de autorizar desmontes. Y recuerda que la autorizaciones de desmontes en zonas “habitadas y/o utilizadas” por comunidades campesinas e indígenas viola los artículos 19, 24 y 26 de la Ley de Bosques.

Santiago del Estero lleva tres asesinatos en tres años. Sandra Ely Juárez murió frente a una topadora de un paro cardiaco el 13 de marzo de 2010, en el paraje campesino de San Nicolás. 33 años, dos hijos. Pretendía evitar que arrasen el monte campesinos.

Cristian Ferreyra, 23 años, padre de un niño, militante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina), asesinado el 16 de noviembre de 2011 en el paraje San Antonio, norte provincial.

El 10 de octubre de 2012, Miguel Galván, del Pueblo Lule-Vilela y también del Mocase-VC fue asesinado por un empleado de un empresario sojero (el Mocase lo llama directamente “sicario”). El crimen sucedió en el paraje Simbol, en el límite con Salta.

En Formosa, la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera) se mantiene en lucha desde hace cinco años. Asediados por la agricultura intensiva y el gobierno de Gildo Insfrán, el 23 de noviembre de 2010 sufrió una represión policial que produjo el asesinato del qom Roberto López. El 9 de diciembre de 2012 fueron atropelladas la beba Lila Coyipe (de diez meses) y su abuela, Celestina Jara. Celestina murió en el momento, sobre el asfalto. Lila falleció el día siguiente. La comunidad denunció que “no fue accidente”. La familia Coyipé es activa luchadora por el reclamo territorial.

El 9 de enero de 2013, en otro dudoso accidente, falleció Juan Daniel Díaz Asijak, de 16 años. La policía y el gobierno provincial argumentaron que Díaz Asijak estaba ebrio. El padre del joven, Pablo Asijak, denunció que fue una golpiza con el trasfondo de la disputa territorial.

El joven era sobrino del líder de la comunidad y referente en la lucha qom, Félix Díaz.

En Salta aún no hubo asesinatos, pero porque falló la puntería. “Se ha ha verificado una clara vulneración a los derechos de pobladores criollos e indígenas, un potencial daño al medio ambiente, debilidad en el accionar de la Provincia para la solución de los hechos observados y la existencia de un conflicto social latente, que demanda la urgente atención por parte de todas las autoridades con el fin de evitar una escalada que produzca consecuencias imposibles de remediar”, advirtió la Defensoría del Pueblo de la Nación en un informe de catorce carillas, en diciembre de 2012.

La Defensoría recorrió el noreste de Salta (ruta nacional 81, desde Embarcación hasta el pueblo de Los Blancos, límite con Formosa), donde constató desmontes en zonas prohibidas, violencia sobre comunidades, incumplimiento de leyes, falta de control por parte del gobierno provincial y la ausencia del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

“Vulneración a los derechos de pobladores criollos e indígenas por deslindes y desmontes irregulares”, es el nombre del trabajo de la Defensoría. “La región visitada se encuentra sometido a una alta presión desmontadora impulsada por los altos valores de la soja que han ‘empujado’ a la ganadería fuera de las zonas centrales de la Argentina desplazándolo hacia el gran chaco argentino y por lo tanto también a Salta. Estos cambios atentan directamente al sistema tradicional de producción ganadera del criollo chaqueño”, afirma la Defensoría.

Árboles porteños

La segunda semana de febrero uno de los temas de agenda periodística fue las obras del metrobús porteño y la suerte de parte del arbolado de la avenida 9 de Julio. Los medios de comunicación ligados al Gobierno Nacional dieron amplia cobertura al “desmonte porteño”. Unos 200 árboles trasplantados o talados.

“No vamos a tirar un solo árbol. Los árboles son sagrados, los árboles no se tocan, por lo menos acá en Calafate”, afirmó la Presidenta el 15 de febrero, desde Santa Cruz, en obvia contraposición a lo sucedido en la Ciudad de Buenos Aires. Volvió sobre la misma idea en Tecnopolis, el 21 de febrero, en otro discurso público: “Allá están los árboles, miren que maravilla, miren bien como los respetamos y les hicimos cerquitos (…) Quería mostrarles cómo hemos cuidado los árboles porque yo les dije: ‘No me sacan un árbol’”.

Los árboles porteños también conmovieron al filósofo kirchnerista Ricardo Forster, uno de los referentes de Carta Abierta. Escribió un extenso artículo en el diario Página12. “Apabullado por la maldad que contempló en la avenida 9 de Julio cuando en noches infaustas brigadas vestidas de amarillo destruyen y dañan esas indefensas criaturas que nos ofrecen su belleza, su oxígeno purificado y su sombra a cambio de nada, de que simplemente los dejemos estar ahí, no puedo sino expresar mi indignación y mi tristeza ante lo irrecuperable”, lamentó Forster.

En noviembre pasado, decenas de organizaciones indígenas (entre ellas el Consejo Plurinacional Indígena) consensuaron un documento en que el denunciaron el modelo extractivo, el avance empresario sobre territorios indígenas, la represión sobre las comunidades y exigieron el respeto a los derechos humanos. Lo entregaron en el Congreso Nacional y en Casa de Gobierno.

En enero, un grupo de intelectuales y personas de la cultura escribieron una carta abierta a la Presidenta. Advirtieron sobre la “escalada de violencia donde se exhibe la poca o nula capacidad de acción del Estado para arbitrar adecuadamente estos conflictos, violencias y abuso de derechos que hoy sufren los pueblos indígenas”. Firmada (entre otros) por el escritor uruguayo Eduardo Galeano y el periodista Osvaldo Bayer, la carta abierta a la Presidenta pidió la intervención del Estado Nacional y, lo más básico, que el Gobierno condene las represiones y asesinatos de campesinos e indígenas.

Ningún referente del espacio Carta Abierta, intelectuales que apoyan al Gobierno, firmó el escrito.

La Presidenta no acusó recibo del pedido y tampoco condenó la violencia sobre campesinos e indígenas.

* Artículo publicado en la revista MU 63 de http://www.lavaca.org

Por Darío Aranda

Desde Esquel, Chubut
Para ComAmbiental

La población de Esquel ratificó de manera masiva, una vez más, el rechazo a la megaminería. Seis mil personas marcharon por las calles para celebrar el décimo aniversario del plebiscito (81 por ciento había votado por el “no a la mina” en 2003) y al mismo tiempo cuestionar la megaminería. “No es no”, “sí a la vida, no a la minería”, “fracking y minería son riqueza para pocos y contaminación para muchos, “aquí se respira lucha”, fueron sólo algunas de las banderas en la marcha. En la plaza San Martín fue el acto central, emotivo, donde el documento final fue claro: “Creemos que la verdadera democracia es esta, la que construimos cada día comprometidos de verdad con nuestra propia historia”.

A las 19.14 comenzó la marcha, desde la plaza San Martín. Encabezada por vecinos portando la ya clásica bandera argentina con la frase simple y clara: “No a la mina”. Tomó por avenida Ameghino y fue la primera señal de masividad. La calle ancha estaba repleta, de cordón a cordón, cuadras de vecinos de todas las edades, abuelas con banderas argentinas como capas, abuelos gritando con pasión “no es no”, adolescentes de todas las “tribus” posibles, y muchas parejas jóvenes con hijos (en changuitos, triciclos, a caballito, a upa). Aunque sea redundante: muchos jóvenes con hijos. Segunda y tercera generación que caminan para elegir su futuro.

Sobresalían las remeras negras y blancas con la frase “diez años de lucha, la montaña sigue en pie gracias a su gente”.

Marta Sahores, del grupo fundador de la Asamblea de Vecinos, lloraba: “Vienen los recuerdos de hace diez años. Todos estamos más grandes, hemos luchado mucho, y acá están nuestros hijos y nietos y estamos todos por lo mismo. Emociona toda esta unión y confirmar que la mina acá no se instalará. Somos cada vez más”.

Pablo Quintana es periodista, también del grupo inicial de la Asamblea, y conoció en carne propia la persecución que padecieron muchos vecinos. Trabajaba en el diario El Chubut y fue echado por su participación en la lucha contra la minera. “Sensaciones encontradas, por un lado la convicción de la comunidad en pie, en lucha, pero por otro lado un pesar porque seguimos soportando el acoso y el asedio de estas multinacionales extractivistas, es mucho pesar sobre una comunidad”, grafica.

Pero de inmediato avisa: “Hemos elegido una forma de vida, y la satisfacción es saber que no pasarán”.

Silvia González no podía hablar: “Estoy muy emocionada, revivo lo de hace diez años. Estamos obligados a luchar, y la cantidad de jóvenes que hay es esperanzador”.

Gustavo Macayo, activista y abogado de la Asamblea, no dejó de recordar a los vecinos que por distintos motivos ya no están. Reinó todo un espíritu festivo, pero no dejaron de denunciar la insistencia empresaria y gubernamental para extraer oro y plata. Macayo resume: “Es muy fuerte la presión de estas multinacionales y la acción desvergonzada de los gobiernos municipal, provincial y nacional que se ponen del lado de las empresas”.

En la glorieta central eran las principales actividades. Micrófono abierto y música. Uno de los discursos más conmovedores fue de Silvana Villivar. Una joven madre, humilde, que firmó el amparo para frenar la minera por vía judicial (ratificado en segunda instancia y también por la Corte Suprema de Nación). Recordó lo sucedido hace diez años, las presiones, cómo empresas y funcionarios iban a su barrio (Ceferino, barriada humilde de Esquel) a ofrecer cosas. Con voz quebrada y llorando afirmó que todo lo hecho fue por sus hijos (estaban junto a ella en el discurso): “Cuando me muera quiero poder mirar a mis hijos a los ojos, que sepan que hice todo lo posible…”. Se vuelve a quebrar, la voz apenas sale, toma aire y grita: “¡A seguir adelante carajo. No a la mina!”.

Maximiliano Masquijo, vecino de Trevelin, es docente, 39 años, está en la marcha con su pequeño hijo. “Es una lucha construida desde abajo, con la oposición tanto de radicales como peronistas que siempre estuvieron al servicio de la minera. Este es un ejemplo claro de que una comunidad puede decir qué quiere y qué no para su futuro”.

Patricio Huichulef, lonko tehuelche de la comunidad Laguna Fría-Chacay oeste (de la meseta de Chubut), celebró la multitud reunida en Esquel. “Nosotros no sabíamos de mineras, pero cuando se aparecieron en nuestros campos, nos quisieron pisotear, y desde Esquel vinieron a ayudarnos, a explicarnos, les agradecemos eso. Y juntos los echamos también de la meseta”.

Refiere a la Pan American Silver, multinacional que pretende explotar plomo y plata en el centro de la provincia. Pese a la ley 5001 (que prohíbe la actividad) y a la frondosa legislación indígena (que obliga a consultar y respetar la decisión de los pueblos indígenas), la compañía se instaló con oficinas y pretendía avanzar. La lucha conjunta de las asambleas de la costa (Madryn, Trelew, Rawson, entre otras), comunidades tehuelches de la meseta y asambleas de la cordillera, lograron que la ley 5001 siga en pie.

En diciembre pasado, Pan American Silver anunció que “reacomodaba sus inversiones”, eufemismo para justificar el cierre de oficinas en la provincia (aunque mantiene la concesión sobre el proyecto).

La Murga la 23 entonó una canción de medio hora, mezcla de música, canto y teatro que recorrió la historia de la lucha, las alegrías y tristezas. La necesidad de la lucha. Muchos vecinos lloraban, con recuerdos traídos al presente. El rol servil de funcionarios y periodistas locales, la decisión comunitaria de decir no a la mina.

Parte de la letra: “Nunca me pasó con una mina que quisiera que se fuera tan clarito, quiero verte perderte, para que la esperanza vuelva a renacer. Nunca fue tan esperada una retirada, lo gritan desde el balcón, lo repiten los vecinos desde el Ceferino hasta la Cañadón (barrios populares de Esquel). Cuando ya no quede nada, ni pizzas ni empanada, ni una piedra ni un botón, va a quedar una bandera como la primera: no es no. La vecina abre la ventana a la mañana, para respirar mejor y gritarle a Yamana (la minera): ¡váyanse a la puta que los pario!“.

La marcha recorrió casi veinte cuadras, envolvió parte del centro de la ciudad y retomó a la plaza. Los vecinos se sumaban a cada cuadra. Desde las ventanas aplaudían, los autos tocaban bocinas, anochecía y el clima festivo se mantenía. Una abuela, con dificultad para caminar, marchaba con su esposo, recorrió todas las cuadras. Estaba envuelta en una bandera argentina. El periodista le preguntó el porqué de su presencia. Señaló a un costado, a un niño de unos seis años. “Mi nieto. Decimos ‘no’ por ellos, por la vida”, explicó con voz suave.

El lunes 18 había sido el anuncio de lo que sería una semana de celebraciones. Esquel amaneció ese día empapelada con las boletas de la votación del 2003. “Voto por el NO al emprendimiento minero”, explicita la opción que eligió el 81 por ciento de los votantes. En las principales avenidas fueron repintados los carteles de rechazo a la actividad y el jueves comenzó una muestra de fotos que recorre la década de lucha. Viernes y sábado hubo una decena de charlas sobre los impactos de la minería, los hidrocarburos no convencionales, la extracción de uranio y el raconto de actividades productivas sustentables que podrían realizarse en la provincia (pero que no cuentan con apoyo estatal).

Cuando la marcha volvió a la plaza, en la glorieta se leyó el documento final: “23 de marzo hoy, 24 de marzo mañana. Dos fechas así ubicadas en el calendario. Una, la de hoy, nos recuerda un plebiscito histórico, fruto de la participación democrática y la lucha de nuestro pueblo. Una fecha luminosa. La de mañana nos recuerda la fecha de inicio de la dictadura más sangrienta. Lo que sucede cuando se le arrancan al pueblo sus derechos humanos más elementales. 30000 hermanos desaparecidos. Un país devastado. Una fecha oscura para no olvidar.”

“Quizá podamos ofrecer desde nuestros corazones este festejo de hoy a aquellos luchadores populares que ya no están, porque de alguna manera retomamos su posta. Que esta plaza de hoy sirva como homenaje de la vida a la que ellos dieron por su causa.”

Otro fragmento, interpela: “Creemos que la verdadera democracia es ésta, la que construimos cada día comprometidos de verdad con nuestra propia historia y no participando un domingo cada tanto en un ritual electoral con el que algunos consiguen llegar a un puesto de poder con el que hacen lo que se les antoja, como si nuestros votos los convirtieran de repente en condes y marqueses de la política. Señores funcionarios: ¡Su único titulo nobiliario debería ser el de servir al pueblo, y no a los poderes económicos de turno!”.

Un texto rico en historias y conceptos que hace difícil citar sólo extractos, con un cierre cargado de lucha y esperanza: “Creemos en la nobleza de los seres humanos. En el amor al prójimo, al vecino, al compañero, a la compañera. Creemos en que los pueblos organizados desde sí mismos tienen mucho que enseñar y que aprender y al ver lo que hemos podido hacer hasta ahora no parece que hayamos sido tan ilusos y poco realistas… Sino ¿qué es este día? ¿No es el día de la dignidad, vecinos?¿No es el día que recuerda como un pueblo con mayoría de desocupados, en un lugar lejano de la cordillera, le dijo no al soborno falso de fuentes de trabajo y de riqueza? La dignidad existe señores, y también es un derecho humano”.

Última oración: “La montaña y la dignidad siguen de pie. No a la mina. No es no. No pasarán”.

Esquel sigue haciendo historia.

* Artículo publicado el 24 de marzo por http://www.comambiental.com.ar/2013/03/esquel-sigue-haciendo-historia.html

Por Darío Aranda

Por Darío Aranda

Desde Esquel, Chubut
Para ComAmbiental

Cianuro, lixiviación y escombreras eran palabras tan extrañas como la minería a cielo abierto. Era mediados de 2002, la crisis que eclosionó el 19 y 20 de diciembre aún golpeaba, y los espejitos de colores tomaban forma de proyecto de extracción de oro en Esquel, a sólo diez kilómetros del casco urbano, en cercanías de lagos y cursos de agua. El boca en boca, las discusiones horizontales y sin jefes ni patrones, los vecinos de Esquel se enfrentaron a una multinacional minera (Meridian Gold) y a todo el aparato político (tanto radical como peronista). Y –luego de muchas marchas, asambleas y sin delegar nada– votaron: el 81 por ciento de la población rechazó la explotación minera. A diez años de aquel hito que contagió luchas en todo el país, Esquel refrenda: “La montaña sigue en pie gracias a su gente”.

Esquel era (y es) una ciudad con fuerte incidencia de las actividades ligadas al turismo. Parte de la comarca andina, cercanía al Parque Nacional Los Alerces, lagos de postal y montañas imponentes. Como toda ciudad patagónica, con presencia de población Mapuche y Tehuelche, y receptiva de familias que dejaban las grandes ciudades en busca de tranquilidad, de otra forma de vida.

A fines de la década del 90, y ya con leyes ventajosas (para las empresas) sancionadas durante el menemismo, en la Patagonia comenzó la exploración de empresas mineras. Un nuevo tipo de minería. Ya no con galerías, picos y palas. Megaminería de multinacionales, con grandes cráteres (“open pit”) entre montañas, enormes volúmenes de agua, explosiones y sustancias tóxicas.

La comunidad mapuche Huisca Antieco fue una de las primeras en confirmar la avanzada minera (enero de 2001). La minera Meridian Gold había ingresado a territorio comunitario sin respetar los derechos básicos que constan en la legislación nacional e internacional: no había consentimiento del pueblo originario y la minera ingresó igual. La comunidad exigió que se respeten sus derechos, pero la empresa (y el Gobierno) desoyó los reclamos.

Todos escuchaban de la existencia de una empresa minera, pero no mucho más. Hasta que en comenzó una compaña fuerte del gobierno provincia (José Luis Lizurume, UCR) y de la Meridian Gold, con fuerte apoyo de los medios de comunicación de la provincia. Todas las semanas salían noticias sobre las bondades de la minería y anunciaban que la construcción era inminente.

La primera empresa que se conoció en la ciudad de Esquel fue El Desquite (una “junior”, empresa pequeña del sector). Confirmadas las reservas de oro y plata, y con luz verde del Gobierno, apareció en escena (julio de 2002) la minera Meridian Gold, una empresa con espaldas anchas para encargarse de la construcción y explotación. El gobernador José Luis Lizurume (UCR) y del intendente Rafael Williams (PJ) eran férreos impulsores de la minera.

Distintos grupos urbanos comenzaron a organizarse. La Asamblea de Vecinos de Esquel (AVE), nacida del proceso asambleario de diciembre de 2001 y, por otro lado, grupos de docentes, investigadores y estudiantes vinculados a la Universidad Nacional de la Patagonia (sede Esquel). Ambos espacios organizaron charlas, panfleteadas, informaban.

En octubre de 2002 confluyeron ambos grupos, y muchos otros vecinos, en una asamblea en la Escuela Normal. Los primeros días de noviembre se repitió la asamblea, ya con una concurrencia masiva, 600 personas, y nació formalmente la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina. Se conformaron comisiones de trabajo y ganaron la calle con lo peor que le podía pasar la minera: información sobre las consecuencias sociales y ambientales de la actividad.

El domingo 24 de noviembre de 2002 fue la primera marcha. Masiva.

La instalación de la mina era dado como un hecho. El último paso formal (a entender del Gobierno) para que comenzara la construcción. Los diarios de la época reflejaron la confianza de Meridian Gold y funcionarios, que publicitaban los supuestos puestos de trabajo y tildaban de “minoritarios” a los opositores.

Luego de la masiva marcha del 24 de noviembre, el gobierno de Chubut suspendió la audiencia pública.

El 4 de diciembre fue la segunda marcha. Miles de personas. Segundo golpe para minera y Gobierno.

Todos los 4 de cada mes, hasta la actualidad, se repitieron las marchas en Esquel. Nunca se suspendieron. Ni las nevadas ni el viento lograron suspender las movilizaciones.

Las asambleas en la Escuela Normal ya era semanales. Las propuestas, diversas. Entre ellas, interpelar a los concejales para que se expidan sobre la megaminería (solo dos de los diez concejales habían explicitado su rechaza a la Meridian Gold) y la posibilidad de una votación.

El Concejo Deliberante ingresó en receso. La Asamblea se mantuvo activa en el verano. El 4 de febrero se repitió la movilización. El 5 de febrero, el Concejo Deliberante aprobó tres ordenanzas: desadherir a las leyes mineras, prohibir el uso de cianuro y convocar a consulta popular.

El intendente Rafael Williams vetó las dos primeras y promulgó la consulta popular.

La lectura de la asamblea era que el municipio apostaba a las promesas de trabajo, con un contexto de crisis post 2001, pobreza y desocupación.

Quedaban menos de dos meses para la campaña, con escasos recursos económicos y contra todo el aparato de los partidos políticos (radicalismo y peronismo jugaron juntos por el “sí”) y la minera, los vecinos iniciaron la campaña: informativa, asambleas, charlas, murales, el boca a boca.

Las asambleas eran masivas. Y diversa. Vecinos con pasado militante en los más diversos lugares, de todo el arco ideológico (desde la izquierda hasta de derecha).

El 19 de febrero de 2003 el Juez Civil y Comercial Claudio Petris hizo lugar a la medida cautelar del amparo ambiental y prohibió todos los trabajos de la minera. Una muestra de la diversidad fue la misma presentación del amparo. Fue propuesto por un abogado de la “alta sociedad” de Esquel (Ricargo Tomás Gerosa Lewis) y el abogado de pueblos indígenas Gustavo Macayo. Una vecina de uno de los barrios más humildes (Ceferino), Silvana Villivar, puso el cuerpo para ser titular del amparo, con las consecuencia económicas que eso podría traerle si se perdía el amparo.

Al mismo tiempo, minera y Gobierno bajaron con todo el asistencialismo a los barrios más humildes. Desde Chapas y alimentos, hasta zapatillas y útiles escolares.

En vísperas de la votación, los menores de 18 años, que no podían votar, marcharon por las calles de Esquel. Más de 1000 chicos también dijeron “no”.

El 23 de marzo, de idéntica manera que en las elecciones legislativas o presidenciales, Esquel votó. El 81 por ciento eligió por el “no” a la minería. En paralelo, se votó en Trevelin, Lago Puelo y Epuyén, donde más del 90 por ciento también dijo “no”.

Logros de la lucha

La Asamblea de Esquel hizo un repaso de lo que sobrevino de la mano de la movilización y plebiscito.

· El gobierno provincial debió aplicar la Ley provincial 4032 de Protección Ambiental. Con la obligación de realizar audiencias públicas.

· El Gobierno tuvo que objetar el Estudio de Impacto Ambiental por falencias en su armado.

· El Concejo Deliberante de Trevelin impidió la instalación de un laboratorio de la minera.

· En Epuyén y Lago Puelo se sancionaran ordenanzas declarándose “municipios no tóxicos”.

· En Puerto Madryn se rechazó el desembarco del cianuro.

· Reunieron más de 24.000 firmas de vecinos que se opusieron al emprendimiento minero.

· El Concejo Deliberante de Esquel sancionó la ordenanza declarando a Esquel “municipio no tóxico y ambientalmente sustentable”.

· La Legislatura Provincial sancionó dos leyes prohibiendo la minería a cielo abierto y el uso de cianuro. Leyes 5000 y 5001

· El Juez Civil y Comercial Claudio Petris hizo lugar a la medida cautelar planteada en el amparo ambiental. El fallo ordenó la prohibición total de realizar trabajos mineros sin que antes se hayan cumplido todos los recaudos exigidos por la Ley Provincial 4032 de Impacto Ambiental. Fue ratificado por el Superior Tribunal de Chubut y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Navidad para pocos

La zona cordillerana de Chubut explicitó un rotundo rechazo a la mina. Pero el gobierno provincial (primero Lizurume, luego Mario Das Neves) apostaron a la “zonificación” de la provincia. En lo discursivo retrocedieron con la minería en Esquel, pero avanzaron en la meseta, zona centro de Chubut (Gan Gan y Gastre como localidades de referencia), con el reservorio de plata y plomo en manos de la multinacional Pan American Silver (PAS). Zona de comunidades tehuelches, la minera y el gobierno avanzaron igual (incluso, violando legislación nacional e internacional, corrieron un cementerio indígena).

En 2007, a este periodista, el gerente del proyecto Navidad (entonces en manos de la empresa Aquiline), Guillermo Salvatierra, reconoció que el proyecto se realizaría y que “lo único que lo puede hacer peligrar” era la posible llegada de la Asamblea de Esquel a la meseta.

En los últimos años nacieron una decena de asambleas en Chubut (Rawson, Madryn, Comodoro Rivadavia y Dolavon, entre otros). Y se conformó una fuerte asamblea en la meseta, con la interesante mixtura entre comunidades mapuches y vecinos no indígenas). El “no a la mina” también se comenzó a escuchar en la meseta, epicentro de la más grande minera de plata del mundo (PAS).

También germinó la Unión de Asambleas Patagónicas (UAP).

Y hubo repercusión nacional. Se conformó primero la Red de Comunidades Afectadas por la Minería y, luego, la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), con un centenar de asambleas socioambientales de todo el país, que cuestionan el modelo extractivo (minería, agronegocios, monocultivo de árboles, avanzada petroleras).

Diez años

Tan firme como el rechazo minero de Esquel es la insistencia del gobierno provincial para avanzar con la megaminería en Chubut. En 2007 le dio la bienvenida a Yamana Gold (una de las grandes empresas del sector y con intención de extracción). En mayo de 2012, el Gobernador hizo público el proyecto de ley (“Marco regulatorio de la actividad minera e hidrocarburífera”), donde de manera explícita se habilita la minería.

A nivel loca, el intendente sigue siendo Rafael Williams (que sigue firme con las mineras).

En noviembre pasado, frente a la posibilidad de sanción de la nueva ley, los asambleístas de Rawson concurrieron a manifestarse a la legislatura provincial. Fueron rodeados por centenares de hombres, muchos con camperas de la Uocra (sindicato de la construcción). Y el grupo de choque reprimió a los vecinos.

La televisión transmitió en directo cómo hombres con cadenas y palos perseguían y golpeaban a hombres y mujeres que se oponían a la megaminería. Hubo decenas de heridos. La Unión de Asambleas Patagónicas (UAP) denunció “zona liberada”, describió la situación como una “carnicería” y responsabilizó al poder político local y a las empresas mineras.

El proyecto de ley no se votó. Y el 13 de diciembre el gobernador Martín Buzzi anunció que desdoblaba el proyecto de ley y dejaba de lado lo referido a minería. Otra derrota de las mineras.

El 20 de diciembre, la poderosa Pan American Silver emitió un comunicado: “Dada la decisión de suspender el tratamiento del proyecto de marco regulatorio para la actividad minera, la compañía ha resuelto reacomodar sus actividades en la provincia”. Explicaron que mantienen la decisión de explotar Navidad “cuando estén dadas las condiciones” y señalaron que mantienen “el sueño de poder desarrollar la actividad minera en la meseta central del Chubut”.

A pesar del tono diplomático, desmontaron las oficinas en la provincia (incluso en la meseta). Un paso atrás para la poderosa PAS.

Cuatro mineras retrocedieron en diez años en Chubut: Meridian Gold (2003 en Esquel). En octubre de 2004, la población de Gualjaina (a 90 kilómetros de Esquel) se lavantó contra la empresa Trinidad, que había instalado maquinarias en el río Lepá. En junio de 2006 fue el turno de Patagonia Gold, titular del yacimiento de oro Huemules (cercano a Esquel y lindero con el Parque Nacional Los Alerces) y que también exploraba en Gobernador Costa (centro oeste de la provincia). Y en 2012: Pan American Silver.

Esquel

La ciudad está empapelada con las boletas del “no” que se usaron hace diez años. Postes de luz, árboles, vidrieras de comercios, autos.

Los cárteles con la ya clásica bandera argentina y la leyenda del “No a la mina” y “no es no” se multiplicaron en las esquinas. A lo alto, en la montaña, aún permanecen las piedras blancas que también dicen “no a la mina”.

Las celebraciones comenzaron ayer en el Centro Cultural Melipal. Una muestra de fotos y artículos que recorren los diez años. Charlas sobre las consecuencias del modelo extractivo, la lucha mapuche, las asambleas socioambientales. Y hoy sábado cierra con un festival en la Plaza San Martín y un gran marcha por las calles de Esquel.

Como hace diez años, en Esquel se respira lucha.

* Artículo publicado el 23 de marzo en http://www.comambiental.com.ar/2013/03/patagonia-rebelde.html.

Por Darío Aranda

Una petrolera estadounidense en territorio mapuche, denuncias de contaminación y la judicialización de comunidades indígenas. Es la situación en Portezuelo Chico (Neuquén), donde la compañía Apache Corporation explota nueve pozos en territorio de la comunidad Winkul Newen y se produjo derrame de petróleo. “El Poder Judicial siempre ha estado a favor de la petrolera y del gobierno provincial, garantizando la explotación a costa de nuestras vidas, desconocen nuestros derechos”, afirmó Relmu Ñamku, integrante de la comunidad. A pesar de haber violado convenios internacionales y leyes nacionales que obligan a consultar a la comunidad, la jueza Ivonne San Martín autorizó el ingreso de la petrolera y procesó a dirigentes mapuches.

En octubre pasado, la comunidad Winkul Newen denunció un derrame petrolero de un ducto en Portezuelo Chico (a 25 kilómetros de Cutral-Có, donde Apache tiene nueve pozos). La comunidad cerró el ingreso a sus 3000 hectáreas y exigió una mesa de diálogo para la remediación ambiental y discutir el impacto social y cultural. “Hay incontables derrames en el yacimiento. Una mañana nos levantamos y había ‘llovido’ petróleo. La contaminación es una constante”, advirtió Ñamku.

El 28 de diciembre, la jueza de Zapala Ivonne San Martín ordenó que la comunidad liberara el paso a la petrolera. La comunidad resistió la medida en la tranquera y, pedrada mediante, la auxiliar de Justicia Verónica Pelayes sufrió rotura de tabique nasal y cinco puntos de sutura. Fueron detenidas tres autoridades mapuches.

Comenzó entonces una campaña mediática en Neuquén que hizo hincapié en la “violencia mapuche”. El abogado de Pelayes, Julián Alvarez, argumentó que la pedrada “fue un intento de homicidio” y llamó a los mapuches “delincuentes que viven en la ilegalidad”. Alvarez es abogado de la Sociedad Rural de Neuquén y defensor del ex juez de la dictadura militar Pedro Laurentino Duarte, acusado por organismos de derechos humanos de colaboracionista de la última dictadura militar.

El 26 de enero, el gobernador Jorge Sapag también denominó “violentos” a los integrantes de la comunidad Winkul Newen.

Organismos de derechos humanos emitieron un comunicado conjunto: “Nos duele el rostro desfigurado de Verónica Pelayes y lo lamentamos profundamente. También nos duelen tantos rostros invisibilizados, anónimos, discriminados, olvidados que por siglos lucharon y luchan en la actualidad. ¿Será que los integrantes de las comunidades indígenas y campesinas deben estar presos porque defienden sus territorios de los avances ambiciosos de las empresas transnacionales y de los gobiernos?”. La nota lleva la firma de Mesa Coordinadora por los Derechos Humanos de Zapala, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), la Asamblea Popular Zapala, la Pastoral Social local y el obispo emérito Marcelo Melani, entre otros.

El 14 de febrero, la empresa –con policías y seguridad privada– volvió al territorio mapuche e intentó ingresar. La comunidad denunció que estaba “sitiada” por la empresa y apuntó al papel del Poder Judicial. “Siempre ha estado a favor de la explotación petrolera, jamás se han preocupado por la falta de agua o la contaminación. Pero cuando bloqueamos el ingreso de la empresa, siempre los jueces mandan despliegues policiales increíbles. La jueza San Martín es un ejemplo de esa ‘Justicia’, es una jueza antimapuche”, acusó Ñamku y exigió el cumplimiento del derecho a consulta vigente en tratados internacionales a los que Argentina suscribió.

El Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi) denuncia desde hace cinco años la judicialización de la lucha del pueblo mapuche. Afirma que, sólo en Neuquén, hay 250 dirigentes indígenas judicializados por defender el territorio. En su informe anual 2010 “Los derechos humanos del pueblo mapuche” les dedican un apartado como “emblemas de discriminación” a las juezas Ivonne San Martín y Carina Alvarez: “Tienen una actitud ‘militante’ en contra del pueblo mapuche y un abierto desafío al cumplimiento de la Constitución y de los tratados internacionales. Se han destacado por sus reiteradas y sistemáticas negativas a reconocer los derechos indígenas. Hacen una decidida utilización de la policía para desalojar y disciplinar las resistencias indígenas”.

La petrolera Apache Corporation tiene presencia en Australia, Estados Unidos, Egipto, Reino Unido, Canadá y Argentina. Apache –que no respondió los llamados de este diario– realizó en 2011, también en territorio mapuche y en las afueras de Zapala, la primera perforación en América latina con la técnica de “multifractura horizontal” (una de las formas de “fracking”, con grandes volúmenes de agua y químicos a presión, que rompen la roca y extraen el hidrocarburo). Una técnica muy cuestionada por sus efectos socioambientales y prohibida en Irlanda del Norte, Bulgaria y Francia.

Relmu Ñamku remarcó que el conflicto se da en “un contexto en el que el gobierno nacional, provincial y empresas, entre ellas Apache, han firmado acuerdos para la explotación petrolera convencional y avance del fracking”. E insistió con la necesidad de una “mesa de diálogo”.

* Artículo publicado en el diario Página12 el 9 de marzo de 2013 bajo el título “Derrame de petróleo”.

Por Darío Aranda

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La Planta más grande

Malvinas Argentinas está ubicada en el Gran Córdoba, atravesada por dos rutas que dividen al barrio en tres y está –literalmente– cercada por soja. En junio pasado, la población se enteró por televisión de que tendría como vecina a la empresa de agronegocios más grande el mundo. Monsanto tienen 111 años de historia, domina el 27 por ciento del mercado mundial de semillas y publicitó su nueva planta como la más grande de Latinoamérica, para avanzar con el maíz transgénico y redoblar la producción de agrocombustibles. En junio también nació la Asamblea de Vecinos Malvinas Lucha por la Vida, que cuestiona la instalación de la empresa y exige una consulta popular.

Cuatro derrames en sólo once días en Neuquén y, en dos casos, el hidrocarburo llegó hasta el río Colorado (cuenca compartida por cinco provincias). Las petroleras produjeron 1982 “incidentes ambientales” durante 2011 y derramaron 429.000 litros de petróleo.

Por Darío Aranda

La contaminación petrolera reapareció en Neuquén con cuatro derrames en sólo once días y, en dos casos, el hidrocarburo llegó hasta el río Colorado (cuenca compartida por cinco provincias). Sucedió en concesiones de las empresas Petrobras e YPF, y pusieron en alerta a las organizaciones sociales y comunidades mapuches que denuncian el avance petrolero de la mano de la explotaciones de yacimientos no convencionales. Un informe oficial reveló que, sólo en la cuenca del río Colorado, las petroleras produjeron 1982 “incidentes ambientales” durante 2011 y derramaron 429.000 litros de petróleo. Desde YPF, el jefe de Prensa, Pablo Dorfman, señaló que “la compañía actuó con la mayor celeridad posible, avisando a las autoridades correspondientes y logrando contener los derrames rápidamente”. Y recordó que, durante la nueva gestión de YPF, se “creó una dirección de Seguridad, Calidad y Medio Ambiente”.

El domingo 13 se produjo un derrame en la zona de Rincón de los Sauces (norte provincial). Fueron cuatro pozos, tres de Petrobras y uno de YPF, con un derrame que llegó hasta el río Colorado. El subsecretario de Ambiente de Neuquén, Ricardo Esquivel, precisó que fueron “64 metros cúbicos de producción bruta y otros 110 metros cúbicos aportados por la rotura de una cañería”.

El río Colorado atraviesa cinco provincias (Mendoza, Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires) y está bajo el monitoreo del Coirco (Comité Interjurisdiccional), compuesto por las cinco provincias y Nación. El presidente ejecutivo, Miguel Boyero, confirmó que el “derrame afectó el río”. Las empresas atribuyeron el derrame a una tormenta.

El mismo día, en Plaza Huincul (al oeste de la capital provincial), desbordó una pileta de la empresa New American Oil, en el parque petroquímico. La empresa también culpó al clima.

El 23 de enero se rompió una pileta de almacenamiento de YPF en Rincón de los Sauces y 15.000 litros de hidrocarburos cayeron en Colorado. El subsecretario de Ambiente de Neuquén, Ricardo Esquivel, solicitó a los municipios de aguas abajo (Catriel en Río Negro y 25 de Mayo en La Pampa), que tomen “medidas preventivas en el uso de agua”. Y el Departamento Provincial de Aguas de Río Negro (DPA) cerró el ingreso de agua proveniente del río Colorado a sus sistemas de riego. En un comunicado oficial, el DPA confirmó que el cauce del río tenía “presencia de hidrocarburos”.

El cuarto derrame se produjo el jueves 24 en el yacimiento Las Lomitas, también de YPF, a 40 kilómetros de Rincón de los Sauces. Fueron 2800 litros de petróleo.

Néstor Ventoso, de la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua (APCA), responsabilizó por la contaminación petrolera a “provincia y Nación, son socios de las empresas”, y preguntó: “¿Sirve que les cobren una multa si contaminaron un río, provocaron enfermedades en la población o afectaron un acuífero?”. Desde la Asamblea, integrada por una veintena de organizaciones de Río Negro y Neuquén (entre ellas la Confederación Mapuche), cuestionan el “corrimiento de la frontera petrolera” y denuncian el avance de la explotación de yacimientos no convencionales (conocido también como “fracking”), con grandes volúmenes de agua y químicos a presión, que rompen la roca y mediante bombeo extraen el hidrocarburo. El Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco) elaboró en 2012 un informe de 22 carillas, titulado “Evaluación de la actividad petrolera”, que detalla que en 2011 hubo 1982 “incidentes denunciados”. Involucra a 18 compañías, más de 70 yacimientos y refiere sólo a la actividad que involucra a la cuenca del río.

En 2010 declararon 1164 casos, en 2009 fueron 1263 y en 2008 llegaron a 1141. Analiza todo el período 2000-2011: en doce años declararon 9135 “incidentes ambientales” y se contaminó una superficie equivalente a 240 hectáreas. Con fecha 17 de agosto de 2012, el informe oficial revela los volúmenes derramados (declarados por las empresas). En 2011 las compañías derramaron 429.000 litros de petróleo y 5,6 millones de litros de “agua de producción” (solución contaminada que contiene sales, sólidos en suspensión, metales pesados e hidrocarburos).

Entre 2000 y 2011, las compañías petroleras contaminaron la cuenca del río Colorado con 4,6 millones de litros de petróleo y con 54,5 millones de litros de agua contaminada de producción.

El avance petrolero llegó hasta el área natural protegida Auca Mahuida (norte provincial). Creada en 1996 como espacio de conservación de flora y fauna, el gobierno provincial la otorgó en 2012 en concesión, para el método de fracking, a la petrolera francesa Total. Ventoso, de la Asamblea por el Agua (APCA), no duda: “No pueden controlar la extracción convencional, menos podrán con el fracking. Perforan a mayor profundidad, con más agua, más químicos. Será un desastre, no quedará río ni acuífero sin contaminar. Por eso hay que frenarlos”.

* Publicado el 2 de febrero de 2013 en el diario Página12 con el título “Cuatro derrames de petróleo en Neuquén”.

Por Darío Aranda

El rechazo a la megaminería en Chubut hizo retroceder a la poderosa Pan American Silver (PAS), empresa líder a nivel mundial, que desmontó sus oficinas en la provincia, dejó guardia mínima en la zona del yacimiento Navidad (un gran reservorio de plomo y plata) y reconoció que debió “reacomodar” sus inversiones porque Chubut no cuenta con legislación que posibilite la actividad. La marcha atrás se dio luego de que el gobierno provincial fallara en su intento de aprobar una ley que habilite la megaminería. Las organizaciones sociales de Chubut ya frenaron cuatro empresas mineras en diez años.

El “yacimiento Navidad” es uno de los depósitos de plomo y plata más grande del mundo aún sin explotar. Pan American Silver (PAS) se hizo cargo del proyecto a fines de 2009. Instaló oficinas en Gan Gan, Gastre, Puerto Madryn y Trelew. Las camionetas se hicieron muy visibles en la meseta, visitando comunidades. El yacimiento comenzó a estar iluminado toda la noche, se observaba majestuoso desde la ruta provincial 4. La radio de Gan Gan (FM Primavera) volvió a funcionar de la mano de la empresa (incluso se la conoce como “radio minera”). Y la compañía solía aparecer en los diferentes programas con las bondades de la actividad.

El proyecto siempre fue resistido por las asambleas de la provincia y por las comunidades mapuche-tehuelche (que cuentan con legislación nacional e internacional que protege sus derechos territoriales). Pero la mayor traba de PAS siempre fue la ley 5001, que prohíbe la minería en toda la provincia. Mario Das Neves como gobernador intentó modificarla, pero no pudo. El actual gobernador, Martín Buzzi, en mayo de 2012, hizo público el proyecto de ley (“Marco regulatorio de la actividad minera e hidrocarburífera”), donde de manera explícita se habilita la minería.

El 11 de junio, el ministro de Planificación, Julio De Vido, se reunió con empresas mineras canadienses. La gacetilla oficial señaló que las compañías “comprometieron más inversiones”. Estuvieron presenten Pan American Silver, Barrick Gold y Yamana, entre otras. Una semana después, el 19 de junio, el gobernador Buzzi envío el proyecto de ley a la Legislatura provincial. PAS, en un comunicado desde Canadá, se expresó “congratulada”.

De inmediato las asambleas de Rawson, Esquel, Puerto Madryn, Trelew, Gan Gan, Comodoro Rivadavia, Dolavon y comunidades indígenas declararon el estado de alerta.

Los asambleístas de Rawson concurrieron a manifestarse todos los días de sesiones a la Legislatura provincial. El 27 de noviembre estaba prevista la votación. La Legislatura fue rodeada por centenares de hombres, muchos con camperas de la Uocra (sindicato de la construcción). El día de la sesión, cuando llegaron las asambleas, el grupo de choque comenzó la represión. La televisión provincial transmitió en directo a hombres con cadenas y palos que perseguían y golpeaban a hombres, mujeres y niños que se oponían a la megaminería. Hubo decenas de heridos. La Unión de Asambleas Patagónicas (UPA) denunció “zona liberada”, describió la situación como una “carnicería” y responsabilizó al poder político local y a las empresas mineras.

El proyecto de ley no se votó. Y el 13 de diciembre el gobernador Buzzi anunció que desdoblaba el proyecto de ley y dejaba de lado lo referido a minería.

El 20 de diciembre, la minera emitió un comunicado: “Dada la decisión de suspender el tratamiento del proyecto de marco regulatorio para la actividad minera, la compañía ha resuelto reacomodar sus actividades en la provincia”. Explicaron que mantienen la decisión de explotar Navidad “cuando estén dadas las condiciones” y señalaron que mantienen “el sueño de poder desarrollar la actividad minera en la meseta central del Chubut”.

Página/12 intentó entrevistar a los gerentes de PAS. Desde el área de Comunicación explicaron que la empresa “no hablará más allá del comunicado”, reconocieron el desmantelamiento de las oficinas y señalaron que focalizarán sus actividades en Santa Cruz (donde operan Manantial Espejo, de oro y plata) y Río Negro (proyecto Calcatreu, de plata y oro, en cercanías de Ingeniero Jacobacci, y a 150 kilómetros de Navidad).

Alejandro Corbeletto, de la Asamblea de Esquel, afirmó que “es un logro de la lucha, con enorme trabajo de Rawson, que no se haya aprobado la ley minera y que Pan American Silver retroceda”, pero aclaró que las asambleas saben que “estas mineras nunca se van del todo, especulan con los políticos de turno”. A casi diez años del “no” de Esquel (la población echó en consulta popular a la Meridian Gold), resaltó que en la actualidad “son muchas” las localidades de Chubut movilizadas, “un centenar” a lo largo de la cordillera y destacó que las asambleas de Chubut son la prueba de que “se puede frenar las mineras y las comunidades pueden decidir qué futuro quieren”.

* Articulo publicado el 21 de enero de 2013 en el diario Página12 bajo el título “La minera PAS no tiene paz”.