Negocios mineros, pesares indígenas

Cuestionado megaproyecto metalífero avanza en la Patagonia. La compañía canadiense Aquiline Resources y el gobierno provincial impulsan en plena meseta de Chubut un yacimiento de plata y plomo, uno de los metales más nocivos para la salud y el medio ambiente. Con reservas por diez mil millones de dólares, vulnera media docena de leyes, avanza sobre pueblos originarios y desoye el reclamo de las comunidades afectadas.

 

Por Darío Aranda y Luis Manuel Claps

 

Caminos rectos que finalizan en el horizonte, interminables. Clima seco, viento permanente y remolinos que cruzan la ruta de ripio. Ni ranchos ni árboles ni personas a la vista, sólo arbustos y guanacos huidizos. Es el paisaje monótono, durante cinco horas, en la soledad de la meseta de Chubut, el extenso y árido espacio que separa el mar de la cordillera, pleno corazón de la Patagonia. Victorino Cual, abuelo tehuelche, está enfermo, un dolor estomacal lo tiene a maltraer y una ceguera le arruinó un ojo y avanza por el otro. “Siempre dijimos que no. Siempre diremos que no. ¿Por qué es difícil que nos entiendan?”, increpa Victorino, de 75 años, nacido y criado en el lugar, que rechaza el proyecto minero “Navidad”, de la empresa canadiense Aquiline Resources, iniciativa que avanza sobre territorio originario, violando leyes nacionales y tratados internacionales que obligan, a cualquier iniciativa que afecte su forma de vida, contar con la aprobación indígena. El yacimiento, con reservas por diez mil millones de dólares, es rechazado por las consecuencias negativas del plomo –tanto en el medio ambiente como en la salud– y el gigantesco uso de agua: aproximadamente 460 litros por segundo, 40 millones de litros por día durante los quince años de vida del yacimiento y en una zona donde el agua es el bien más escaso. El gobierno provincial tomó partido, calificó al proyecto como “una experiencia fantástica”.

“No somos mineros. Somos indígenas que criamos animales y respetamos la tierra desde cientos de años. ¿Eso tampoco se entiende? ¿Quieren cambiar nuestra forma de vida?”, arremete el abuelo tehuelche, mueve la cabeza en desaprobación, y deja sin palabra.

 

De Toronto a Gan Gan

El “Yacimiento Navidad” es uno de los depósitos de plomo y plata más grande del mundo aún sin explotar, llamado “Navidad” porque los primeros resultados de laboratorio estuvieron un 25 de diciembre. Inscripta ante la Dirección de Minas y Geología el 6 de diciembre de 2002, inicialmente se detectaron reservas por 3000 millones de dólares, pero la cifra no paró de crecer desde que se profundizaron los estudios en la región. La última estimación de la empresa asegura la existencia de minerales por diez mil millones de dólares, once veces el presupuesto anual del Ministerio de Salud de Nación.

El 15 de noviembre de 2007, en la tarde de Toronto, la compañía canadiense Aquiline Resources organizó una conferencia telefónica entre el directorio y sus accionistas. La evaluación del proyecto Navidad fue el tema principal. “Los recursos minerales aumentaron un 52 por ciento y llegan a 600 millones de onzas de plata. Esto confirma a Navidad como uno de los mayores recursos de plata no explotados del mundo”, festejó Marc Handerson, presidente y director ejecutivo de la compañía. Y remarcó el rol del otro mineral del emprendimiento: “No nos olvidemos del plomo, contamos con 3500 millones de libras de plomo. Ninguno de ustedes desconoce el precio actual del plomo. Al iniciar el proyecto el precio era de 0,20 dólares. Hoy está en 1,50”. En las lujosas oficinas, los accionistas sonrieron y comenzaron a hacer cuentas. El vicepresidente de Exploración, John Chulick, aportó al optimismo: “El estimado supera todas nuestras expectativas”.

Pero, casi al cierre de la teleconferencia, llegó la pregunta incómoda de un accionista: “¿Hay seguridad jurídica para invertir?”. El presidente de Aquiline no dudó: “Tendremos el gobierno de Kirchner por cuatro años más, lo cual es bastante favorables en cuanto a la estabilidad. El mandato anterior fue muy favorable, por lo cual somos optimistas. El gobernador de Chubut también fue reelecto con una victoria aplastante, obtuvo el 72 por ciento de los votos, muestra una muy buena predisposición hacia el proyecto y con frecuencia nos ofrece su apoyo. No vemos ningún aspecto del proyecto que pudiera generar un rechazo por parte del Gobierno”. Remarcó que ya pasó la etapa de prefactibilidad y podría comenzar su construcción en el próximo año.

Gan Gan es un pueblo de quince manzanas cruzadas por la ruta provincial 4, a 370 kilómetros de Rawson, que une la cordillera con la costa de Chubut, pleno desierto, de 600 habitantes y zona de pequeña ganadería. Sólo 50 kilómetros lo separan del yacimiento, será de las zonas más afectadas. La familia tehuelche Cual habita en la zona desde 1902, comprobado por documentos oficiales, con quince leguas de su propiedad. El propio pueblo de Gan Gan se construyó sobre parcelas donadas por la comunidad indígena. A cien años de esa donación, los Cual perdieron en manos de empresarios y comerciantes trece leguas. Hasta el cementerio comunitario quedó en parcelas apropiadas por un terrateniente local. En la actualidad los Cual sobreviven en dos leguas, insuficientes para la cría de animales y el desarrollo sostenible. Para colmo de males, el poder político local decidió unilateralmente que el basurero del pueblo se instale en tierra indígena. Para llegar a la comunidad, a sólo diez quilómetros del ejido urbano, hay que bordear una sierra, atravesar un mallín (reservorio de agua superficial con pastos tiernos) y bordear las montañas de basuras, bolsas de plástico blancas, chatarra y animales muertos.

Don Victorino Cual nació en la meseta de Chubut. El rancho de adobe y chapa, construido por sus manos, tiene tres habitaciones. Una ventana pequeña deja en penumbras la cocina comedor, que recibe con una ronda de sillas y bancos desvencijados. Victorino viste pañuelo rojo al cuello, camisa azul, bombachas de campo deshilachadas y alpargatas gastadas. Está enfermo, pero no quiere dejar pasar la oportunidad de contar los pesares: “Nos robaron la tierra, no nos dejan criar nuestros animales, y encima nos quieren sacar el agua y envenenar con su mina. Y los políticos trabajan para ellos”.

Empleados de la minera recorrieron la zona varias veces. Visitaron a las comunidades indígenas, se mostraron amables, serviciales. Realizaron una encuesta, preguntaron si aceptarían otro campo y quisieron hacer firmar un papel confuso. “No agarré nada, pero sé de hermanos que sí lo han hecho, los han apretado, estuvo fulero ese asunto”, explica Cual, de rostro adusto, nueve hijos y tres nietos. Y la situación empeoró cuando el gobierno provincial, a través de sus punteros locales, comenzó a presionar para que den la bienvenida a la minera. Además del clásico asistencialismo oficial, el Gobierno comanda dos programas que marcan la suerte de los habitantes: el “Plan Calor” (entrega de leña cada 15 días, entre 100 y 200 kilos según el grupo familiar, esencial frente a inviernos que llegan a 30 grados bajo cero) y el “Programa Moahir”, de compra anticipada de lana a pequeños productores, que paga mejores precios que los comerciantes locales. Ambos programas funcionan como herramientas de control. Quien no obedece, no contará con leña y tendrá problemas para vender su lana.

Gan Gan es pura llanura, sólo en el horizonte asoman unas montañas. Casas antiguas, la mayoría de adobe. Un hospital. Una escuela. Un hotel de paso. La comisaría. Una capilla. Y dos mercados. Muchos saben de “la mina” (como llaman al proyecto Navidad), pero muy pocos escucharon hablar de Aquiline Resources. Un continente separa Gan Gan de Toronto, y un mundo separa el rancho de adobe de los Cual y la sala de teleconferencias de la multinacional, diferentes concepciones de desarrollo y entender los bienes naturales.

Victorino Cual se calza la boina, mira por la venta de su casa hacia el mallín y sentencia: “Nos ha quedado poco de nuestro campo. Aunque los políticos insistan, no podemos permitir dar permiso que nos arruinen la tierra y el agua. No queremos plata, la plata se funde, se gasta, el campo pueda y nos da vida”.

Profanar raíces y violar leyes

Los pueblos indígenas tienen múltiples diferencias, pero por sobre todo dos puntos en común, la relación que mantienen con la tierra y el respeto sagrado hacia los ancestros. Comunidades locales y organizaciones sociales denuncian que la empresa canadiense IMA Explorations (o su filial local Inversiones Mineras Argentinas – IMA –, en ese momento a cargo del proyecto Navidad) violó ambos principios e impuso sus valores: ingresó a territorio indígena y profanó un cementerio aborigen, de 1200 años, ubicado en el corazón mismo del futuro yacimiento. La acción, con participación activa de funcionarios provinciales y científicos del Conicet, violó la Constitución Nacional y legislación internacional que exige la participación indígena, y fue una medida fundamental para la continuidad del proyecto. “La existencia de un enterratorio indígena es prueba irrefutable de la ocupación tradicional y la preexistencia indígena. La empresa sabía que en la zona del yacimiento el enterratorio frenaría la actividad, y por eso se apuró, con todo tipo de maniobras, que incluyó engaños y presiones, para librarse de esa potencial traba”, explicó el abogado Eduardo Hualpa, integrante del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), especializado en derecho indígena.

El chenque estaba ubicado a 300 metros de la ruta provincial 4, que une Gan Gan y Gastre, y en la cultura ancestral, es el espacio sagrado por excelencia. Una pequeña montaña de piedras, con base rectangular, señalaba la existencia de cuerpos.

A fines de 2003, la compañía minera había encargado un estudio detallado de actores y potenciales conflictos en la región. Tenía presente el levantamiento producido en Esquel (donde frenaron la explotación de un yacimiento de oro y plata) y prefería evitar riesgos. “Estudio social de las áreas de impacto del proyecto Navidad”, realizado por la consultora Rehuna, señalaba al chenque como “potencial fuente de conflicto” y destacaba como “punto a resolver la continuidad del chenque en el área o su rescate y relocalización. La existencia del sitio arqueológico ubicado en un área clave puede tener derivaciones de los más variados matices según las acciones que se susciten sobre el sitio y también según las reacciones que puedan devenir le los diferentes grupos de interés (comunidades indígenas)”. Una lectura rápida del informe de Rehuna evidencia una particular inversión en los términos usuales de las evaluaciones de impacto ambiental: no mide los posibles impactos del proyecto minero en la población, sino los posibles impactos de la población en el proyecto minero.

La minera tomó nota de la advertencia y evaluó que el enterratorio podría transformarse en la mayor traba del proyecto. Reunió a funcionarios provinciales de Cultura y al Centro Nacional Patagónico (Cenpat, dependiente del Conicet). Convocó a Francisco Chiquichano, referente de la comunidad Blancuntre, una de las siete de la zona. Mediante la promesa de títulos comunitarios (un viejo anhelo de las familias de la región), mejoras de caminos y beneficencia, presionaron para que consintiera la relocalización del chenque. También comenzaron con entrega de alimentos y pusieron a disposición de la comunidad una camioneta que hacía las veces de remís — un bien invalorable en una zona.

El 6 de noviembre de 2004, tres comunidades enviaron una carta al secretario de Cultura provincial, Jorge Fiori. “Le solicitamos se abstenga de seguir adelante con cualquier modificación en el chenque que se encuentra en cercanías de la comunidad de Blancuntre, antes de producir la consulta necesaria a todas las comunidades de la zona. El destino de ese lugar y los elementos que allí se encuentran, que algunos llaman arqueológico, son de nuestros antepasados y por lo tanto sagrados”, destaca la carta, con la firma de Agustina Catrimay, Victorino Cual y Patricio Huichulef, tres comunidades referentes de la región. En su último párrafo, advierten: “La Constitución Nacional, la Constitución Provincial y el Convenio 169 de la OIT, aprobado por ley 24071 y ratificado por la Nación Argentina fundamentan nuestro pedido”.

En febrero de 2005, el gobierno provincial convocó a Chiquichano y Agustina Catrimay, sólo dos de las siete comunidades. Los esperaban funcionarios de la Secretaría de Cultura y Asuntos Indígenas, directivos de la empresa minera y la investigadora del Cenpat-Conicet Julieta Gómez Otero, en representación del equipo científico. Se firmó el “rescate arqueológico” y, en la misma mesa de negociación, se rubricó un acuerdo donde el gerente general de IMA Explorations, Carlos Alberto D´Amico, se comprometió a “gestionar ante las autoridades provinciales correspondientes la mensura y título de tierra comunitaria de Blancuntre”, histórico anhelo de la comunidad.

El 5 de abril de 2005, y ante la cercanía del invierno, la empresa convocó a una reunión de urgencia. Realizada en sede misma del Cenpat, estuvieron nuevamente las partes del Estado, la minera, el equipo de investigadores financiados por la empresa y, nuevamente, sólo fueron invitadas dos de las siete comunidades. La Secretaría de Cultura provincial (por medio de Sergio Caviglia, en aquel entonces Director General de Gestión, Investigación y Patrimonio Cultural) anunció que la empresa se retiraría del área durante los meses de invierno e intimidó a los aborígenes. “Esto significaba que el chenque y los otros sitios arqueológicos no contarían con el control permanente de parte del personal de la empresa (minera) que cumple funciones en el lugar. Por lo tanto, existía la posibilidad de que pudiera ser saqueado. Ante el riesgo de destrucción, Caviglia recomendó aplicar los principios de la arqueología de rescate y proceder a la excavación y reubicación del chenque”, justificó Gómez Otero.

Tres días después, comenzaba la profanación de un chenque con 1200 años en el lugar, que
jamás en doce siglos había sufrido destrucción alguna.

“Se logró armonizar los intereses de los pueblos originarios, de la Secretaría de Cultura, de los propios arqueólogos y de la empresa”, señaló Gómez Otero, responsable científica de la acción, en el marco de la “IV Reunión de Teoría Arqueológica en América del Sur”, realizado en Catamarca en julio de 2007. Al cierre de su ponencia aseguró que “más allá de lo arqueológico, está la trascendencia humana de esta vivencia; para este equipo la más importante y movilizadora de nuestra carrera profesional”. En la misma ponencia reconoce, implícitamente, la violación del derecho indígena. Afirma que sólo consultaron a dos de las comunidades y que sólo ofrecieron dos opciones: excavación y reubicación donde decidieran las comunidades, o excavación y análisis de ADN para posterior reubicación. En ningún momento se informó a las comunidades que, sujeto a derecho, el chenque podía mantenerse en el lugar.

En el mismo congreso de arqueólogos, en julio de 2007, otra ponencia, realizada por uno de los autores de esta nota, proponía una visión crítica del operativo de traslado: “El proyecto minero más avanzado y potencialmente rentable de la región debió enfrentar un hecho incuestionable: por estar ubicado en territorio indígena, debía aplicarse la legislación vigente en la materia. El chenque se transformó en un problema porque se trataba del único conflicto social potencial. Cuando IMA decide informar a las comunidades mapuche-tehuelche sobre la existencia del chenque, ya había decidido que impulsaría su traslado. Y comenzó una triangulación entre la empresa minera, la secretaría de Cultura de la provincia y el Cenpat, constituyéndose una ‘mesa chica’ en la que cada actor se aporta legitimidad recíprocamente. La secretaría de Cultura se apoya en el equipo técnico del Cenpat, éste en las facultades decisorias de la Secretaría, ambos en el supuesto ‘consentimiento’ de las comunidades, y la empresa, finalmente, resuelve su problema”.

“El chenque era la prueba más contundente de que el proyecto minero Navidad es parte del territorio indígena, y retirarlo del lugar borró esa marca. Paradójicamente, se preservó el chenque para entregar la montaña. Las instituciones públicas que intervinieron en el proceso fueron funcionales a los objetivos de la empresa interesada, en detrimento de los derechos de los pueblos originarios reconocidos internacionalmente. El autodenominado ‘proceso de información y consulta’ que llevó adelante la minera no cumplió con los estándares mínimos para ser reconocido como tal. Líderes indígenas se vieron forzados a aceptar el traslado del chenque y a negociar en condiciones notoriamente desventajosas. Durante los últimos veinte años las actividades extractivas en territorios indígenas han aumentado de manera exponencial. La presión sobre estos territorios aumentará aún más en los próximos años. Muchas de esas experiencias han sido desastrosas para las comunidades cercanas a los proyectos”.

En la actualidad, Gómez Otero reconoce sentimientos encontrados. Resalta que fue una experiencia muy valiosa en su vida profesional y que actuó de buena fe. Explica que ella no recomendó el traslado, pero que el chenque corría riesgo y por eso lo realizó. Por las acusaciones recibidas, reconoce que fue “una situación amargante” y afirma que desconocía la existencia de comunidades que se oponían al traslado. Es consciente que es señalada como la científica que dio legitimidad a una maniobra política de la minera y el Gobierno provincial. “Entiendo que algunos pueden pensar que nos utilizaron. No lo sentimos así”, advierte. Sin embargó, rechazó la propuesta de Aquiline Resources para ocuparse de los dos sitios arqueológicos que aún hoy están presentes en el epicentro del yacimiento: en el faldeo de la montaña existen pinturas ancestrales indígenas y, próximo a una aguada, un sitio extenso con cerámicas y puntas de flecha.

En mayo de 2005, el Parlamento Mapuche denunció a la compañía minera por su accionar inconsulto. “Este lugar se trata de patrimonio histórico y cultural del pueblo-nación mapuche y no le pertenece ni a una empresa, ni a científicos sociales, ni a ningún museo”, denunciaron. En octubre de 2006, el V Futa Trawn (parlamento) Mapuche-Tehulche reunió en Rawson a comunidades de toda la Patagonia y fue más duro: “Proclamamos nuestro rechazo absoluto al avance de las empresas mineras, forestales, petroleras e hidroeléctricas. En nombre de la ‘ciencia’ el Cenpat, en articulación con empresas mineras que operan en la provincia, profanan y secuestran los restos de nuestros antepasados. Cualquier hecho de violencia relativo al control territorial que ejercemos en nuestras comunidades será responsabilidad absoluta del Estado Provincial y las mencionadas empresas”.

El artículo 75 de la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT (pacto internacional al que Argentina suscribió) legislan sobre la obligación de “asegurar la participación indígena en la gestión de sus recursos naturales”.

“Nunca dimos permiso para que saquen esos cuerpos”, responde enojado Victorino Cual, se rasca la frente y resume con simpleza: “Hicieron lo que quisieron”.

Agua escasa, vida ancestral

Gan Gan significa en idioma ancestral gran comida. Cuenta la historia que la zona era paso de viajantes y carros o chatas, donde se recuperaba fuerza para llegar a la cordillera o el mar. La comunidad de los Cual es muy conocida en el pueblo, todos saben quiénes son, su antigüedad en el lugar y muy famoso es su mallín, punto de recreación y refresco durante los veranos. Pero en enero pasado nadie pudo refrescarse, una fuerte sequía castigó, y aún castiga, a la zona. Falta de tierras y escasez de agua complican cualquier cría de animales: pocas pasturas, chivas flacas, reproducción exigua y caída de los ingresos familiares, es una cadena. “Se nos mueren muchos animales por falta de tierras. Antes teníamos mil, ahora la mitad. Y con la minera habrá menos agua”, lamenta Patricio Huichulef, de la comunidad Chacay Oeste-Laguna Fría.

El agua es el bien más preciado y también el más escaso. A pesar de gran envergadura del proyecto Navidad y el grado de avance publicitado, aún no se conocen estudios sobre el consumo para minería. Una referencia es el yacimiento San Cristóbal, en Bolivia, a cargo de la compañía estadounidense Apex Silver. De similar envergadura que Navidad, utilizara 40 millones de litros de agua al día. Al comenzar su etapa de explotación, el yacimiento Navidad utilizaría en sólo cuatro horas la misma cantidad de agua que toma por día toda la población ovina provincial (cuatro millones de animales, según datos oficiales), una de las principales e históricas actividades productivas de la región. La ancestral cría de ganado para venta y autoconsumo deberá competir con la minería por un recurso escaso. El agravante en la extracción de plomo y plata, el agua utilizada es irrecuperable, su contaminación química impide cualquier intento de reutilización.

El Coordinador del Observatorio del Agua de la Universidad Nacional de la Patagonia, Lino Pizzolón, estudia desde hace décadas la calidad del agua, recorrió la estepa de Río Negro y Chubut, es un conocer de los impactos mineros. “No hay agua en la meseta en las cantidades que estos mega emprendimientos mineros la requieren. Por lo tanto la bombearán de donde sea, se secarán los pozos, las aguadas y los mallines donde pasta el ganado, en muchos kilómetros a la redonda. La actividad minera competirá destructivamente con la actividad ganadera-pastoril, aumentado el despoblamiento del campo y la desertificación y el mayor apiñamiento de la gente en los cordones de miseria urbana”, advierte sin un dejo de duda.

El gerente del proyecto Navidad, Guillermo Salvatierra, reconoce que Aquiline aún no realizó investigaciones sobre la disponibilidad de agua en la región (a pesar de cinco años de trabajo en la zona), pero retruca: “Cumplimos con todos los estudios que no requirió la Provincia. Nunca nos objetaron algo”. Según explicó el ejecutivo de la minera, durante el momento de exploración se requiere la presentación de estudios ambientales anuales. Salvatierra se comprometió a enviar esos estudios a Página/12, pero aún no lo realizó.

La Asamblea de Esquel, pionera en la lucha contra los efectos mineros y conocedora de los conflictos en todo el continente, afirma: “La minería en zonas áridas es el camino a la ruina. Las comunidades estarán en peores condiciones de las que ya están. En 20 años la empresa se irá, dejará un gran inodoro en la meseta y contaminación. El Gobierno lo sabe, pero le interesan los negocios y menosprecia a las comunidades de la zona”.

En el pasado los gerentes de IMA y en la actualidad los de Aquiline reconocen en privado que el mayor temor está centrado en la Asamblea de Esquel, pretenden evitar que hagan pie en la meseta y alerten a la población sobre los efectos negativos de la minera. En julio de 2007, el entonces gerente de proyectos de la compañía, Carlos Cuburu, habló con “El pregón minero”, cuestionó que Río Negro prohíba el uso de cianuro, se mostró optimista del desarrollo de proyectos y, por primera vez en público, se refirió a quienes critican la minería: “Es interesante acotar a los grupos agresivos, a los grupos de gestión contraria a la actividad, tenerlos contenidos en su lugar”.

La entrevista con Salvatierra era amable, pero tomó otro tono cuando se mencionó a la Asamblea de Esquel. “En la zona del proyecto hay mil habitantes y desean el desarrollo minero por el bienestar que traerá. Que gente de otros lugares vengan a obligarles cambiar de parecer, es autoritario, es imponer ideas, es nazi. Es mentira que la minería contamina, es mentira que la minería mata”, denunció enojado el responsable de Aquiline, con 25 años de trabajo en el sector y que tiene como referencias de “desarrollo minero” a San Juan y Santa Cruz.

Don Huichulef tiene 64 años, diez hijos, siempre habitó el mismo rancho, desde que nació, al igual que su padre. La historia familiar afirma que sus ancestros llegaron a la meseta en 1907. La cocina comedor es un solo ambiente, amplio, de paredes blancas impecables. La cocina económica, de hierro forjado, no para de quemar leña y atenuar el frío. El mate y el pan caliente son la antesala de un cordero al asador que prepara para la visita. Es un hombre pequeño, de boina, cara alargada, angulosa, piel cobriza. Parece tímido, pero al correr los minutos suelta un discurso simple, llano y, desde el corazón del desierto patagónico, rebelde. “Disculpe mi expresar, pero no hablo bonito como político, pero digo lo mío. Me cansó la política basura. Las elecciones no son para nuestro bien, son para bien de los políticos, que ganan gracias al minifundista y luego gobiernan para los poderosos. Nosotros trabajamos, ellos sólo prometen y nunca cumplen. No les creo más. Antes era obediente, por miedo, iba dónde me decían. Ahora estoy desobediente”.

Habita y trabaja la misma tierra desde hace décadas, pero no posee título de propiedad. Vive de lo que produce con sus manos, padece el acoso de empresarios que quieren quedarse con sus campos y es ignorado por el gobierno provincial. Y enfrenta una industria extractiva. “Esta gente (los empleados de la minera) recorren los campos, no piden permiso, entran nomás y van marcando con banderas donde le interesa hacer pruebas. Eso ya está mal y nosotros no lo aprobamos. Tampoco dimos permiso para correr el chenque, eso no se toca, no lo pueden correr, y estos señores que hablan lindo entraron y corrieron todo”, se indigna Huichulef, mira al corral por la ventana y cuenta que le hicieron encuestas, que preguntaban si vendería el campo, que prometían trabajo, mejora de casas, comida y hasta autos. “No firmé nada y no quiero nada de ellos. Les dejé claro que no voy a dejar el lugar donde crecí, que esta tierra es la reliquia de mis abuelos, mi padre y es de mis hijos y nietos. Les dije que no vengan más, que no queremos problemas, pero si vienen por la tierra los va haber”, advierte el abuelo tehuelche, enojado y, sin hablar “lindo”, tiene precisión quirúrgica: “La ley está escrita y nos da la razón, pero no se respeta”.

Las comunidades indígenas de la meseta tienen presente el accionar minero. Cerca de allí, en Gastre, funcionó Mina Angela, la mayor experiencia de minería metalífera en la provincia y una de las más importantes del país. Sólo quedó de ella un enorme depósito de residuos tóxicos acusado de envenenar suelo y agua con cadmio, metal pesado productor de cáncer. El ingeniero Héctor Luis Ponte, reconoce que “La calidad de agua que sale de la mina cumple con los estándares argentinos para bebida de ganado excepto por las concentraciones excesivas de Cd” (en “Cierre de Minas: Experiencia en Iberoamérica”. Roberto C. Villas Boas y María Laura Barreto. Río de Janeiro, 2000).

Gastre es un poblado de veinte manzanas y unos 700 habitantes, con un índice de 30 por ciento de pobreza y un clima hostil: en invierno de 2007 la térmica llegó hasta 40 grados bajo cero. Según datos oficiales de la provincia, más del 30 por ciento del departamento está concesionado a empresas mineras. Calles con nombres mapuches, casas prolijas, veredas angostas y viento impiadoso, a inicios de la década del ’80 fue noticia nacional: la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la dictadura militar quisieron convertir el pueblo en el primer basurero nuclear del mundo. La resistencia de la población y las organizaciones, durante dos décadas, frenaron el “repositorio de residuos radiactivos de alta actividad”, nombre oficial de la iniciativa.

En el mismo desierto patagónico, pero cruzando el límite provincial, trabajan desde hace cinco años en la puesta en funcionamiento de una mina de oro a cielo abierto, con uso de cianuro, en la localidad de Ingeniero Jacobacci, Río Negro. Uno de los grandes opositores es el Parlamento Mapuche, que hasta realizó presentaciones judiciales para que la empresa no continúe con el proyecto. Y también se organizaron vecinos autoconvocados, que rechazan cualquier emprendimiento minero a gran escala. El proyecto está ubicado a 190 kilómetros de San Carlos de Bariloche y 80 del centro urbano de Jacobacci, y se encuentra — según información oficial — en “exploración avanzada”. El gobierno de Río Negro rechazó el informe de impacto ambiental (imprescindible para iniciar la etapa de construcción) de la empresa. Y sancionó, motivada por la movilización de las organizaciones sociales, la Ley 3981, que paralizó hasta hoy la explotación del proyecto. Pero la compañía minera se mantiene en el lugar, asegura que obtendrá el permiso del gobierno y que conseguirá el visto bueno de las comunidades originarias. La compañía minera es la canadiense Aquiline Resources, la misma que impulsa el proyecto Navidad y que ya “convenció” a los mapuche-tehuelche de profanar el cementerio ancestral.

Aquiline Resources también mostró su poder de persuasión con los gobiernos de Chubut y Río Negro. Con los dos proyectos mineros, y en menos de diez años, logró tomar control de unas 500 mil hectáreas. Los pueblos Mapuche y Tehuelche de ambas provincias, reclaman desde hace décadas los títulos comunitarios de las tierras que habitan. Además de ser desoídas, sufren intentos de ser despojadas de su territorio.

Plomo, contaminación y enfermedad

El plomo es considerado por la comunidad científica y ambientalista como uno de los metales más contaminantes y altamente tóxico para la salud. La industria de los países de primer mundo tomaron nota de las consecuencias de su uso y comenzaron un proceso de sustitución. El Gobierno de Estados Unidos prohibió, en 1978, el uso de plomo en las pinturas y, en 1996, el empleo de tetraetilo de plomo como aditivo para combustibles. Y existe una creciente presión para evitar su uso en toda la industria petrolera (aunque en los países pobres su uso es mayoritario). La Unión Europea prohibió la venta de naftas con plomo a partir de enero de 2000. En España se vedó el uso de plomo en los accesorios y componentes de los autos a partir de 2005. El mayor uso de plomo en la actualidad se destina a las baterías de autos, pero la industria automotriz comienza a experimentar su reemplazo por las baterías de litio. A pesar de todas las políticas para evitar el uso de plomo, Chubut impulsa (con leyes blandas, beneficios impositivos y cuestionados controles ambientales) un monumental yacimiento para extraer el perjudicial metal.

En junio último, un numeroso colectivo de organizaciones difundió una carta pública donde denuncian el rol negativo del plomo y su forma de extracción. Advierten que el plomo puede afectar negativamente casi todos los órganos del cuerpo humano, la exposición al metal puede provocar perjuicios al sistema nervioso central, daños a los riñones, al sistema reproductivo, debilidad en dedos, muñecas y tobillos, anemia crónica, problemas de comportamiento (hiperactividad, desórdenes nerviosos, dificultades para concentrarse y en el aprendizaje), crecimiento retardado, dolores de cabeza, complicaciones durante el embarazo, tensión arterial alta, problemas digestivos, insomnio y dolores musculares. También denuncia que los niños son más susceptibles que los adultos a los efectos del plomo. No hay en ellos “niveles tolerables”.

“Nos preguntamos por qué mientras la comunidad internacional multiplica los esfuerzos para reemplazar el plomo, restringir su utilización y circulación, aumentar el conocimiento científico de sus consecuencias en la salud humana, regular estrictamente su disposición final y compensar a quienes han sido afectados, en Chubut se propone como un éxito empresarial la extracción de millones de kilos de plomo”, denuncia el colectivo de organizaciones, Autoconvocados de Esquel, Asamblea Coordinadora Patagónica y Endepa, entre otras.

“Nos oponemos a que un metal tóxico y perjudicial para la salud, con escasas y cada vez menos aplicaciones, sea extraído de manera masiva en nuestra provincia y exportado al mundo. Afectará de manera directa a las poblaciones cercanas a la mina, la planta de procesamiento, el transporte y embarque. Privilegiamos la salud pública, el medioambiente y la vida”, destacan las organizaciones y puntualizan los sitios contaminados por plomo: Kabwe (Zambia), Haina (República Dominicana), La Oroya (Perú), Rudnaya Pristan y Dalnegorsk (Rusia) y Klity (Tailandia). Y destacan dos pruebas, irrefutables, donde el metal ya mostró su poder contaminante:

– Abra Pampa. Ocho de cada diez niños de Abra Pampa, en plena puna jujeña, tienen altas dosis de plomo en la sangre, según lo reveló un estudio de la Universidad Nacional de Jujuy. La fuente de contaminación es la montaña de escoria de metales que abandonó hace dos décadas la empresa Metal Huasi. Los chicos sufren artrosis severa, dificultades en el aprendizaje, aumento de probabilidades de contraer cáncer y cansancio muscular, problemas de crecimiento y enfermedades de piel, todas consecuencias del plomo en el organismo. Hace años que los habitantes de la región denuncian la contaminación existente, y también denuncian que nunca desde el gobierno provincial, ni nacional, se tomaron acciones concretas para remediar la contaminación.

– San Antonio Oeste (Río Negro). En mayo último, el secretario de Minería de Nación, Jorge Mayoral, anunció que en los próximos tres años se saneará los desechos de metales pesados abandonados por la empresa Geotécnica, que explotó el yacimiento Gonzalito, de donde se extraía plomo, zinc y plata. Las montañas de plomo abandonadas por la empresa en San Antonio Oeste, que estuvieron en el lugar durante veinte años, contaminaron la zona y produjeron que el 20 por ciento de niños (de una muestra de 200) tenga niveles de plomo en sangre mayores de los aceptables para la Organización Mundial de la Salud (OMS). Mayoral no avisó que, pese a los efectos negativos que produjo, el yacimiento planea sea reactivado.

El Plan de Acción Internacional para la Prevención del Envenenamiento por Plomo, en 1997 en Estados Unidos, ponía en palabra lo que hoy sucede en Jujuy y Río Negro: “La población cercana a una industria relacionada con el plomo (ya sea urbana o no), está frecuentemente expuesta a niveles peligrosos de plomo en el aire y la tierra, y los niveles de plomo en la sangre tienden a ser elevados”.

Centro de Chubut: zona de remate

La lucha del pueblo de Esquel marcó un quiebre en la relación entre los proyectos mineros y sus entornos poblacionales. La Asamblea de Vecinos Autoconvocados marchó, informó y hasta organizó una consulta popular, en 2003, para que la comunidad decida sí o no a la mina. El 81 por ciento votó por el rechazo. Se trataba de un proyecto de oro y plata a cielo abierto, con uso de cianuro, a sólo diez kilómetros del centro urbano. Después del escándalo de Pacific Rim y la movilización de la Comarca Andina al río Pedregoso en 2006, y después del anuncio inconsulto de Meridian Gold, publicado en el diario Clarín, de avanzar con el proyecto Huemules, el gobierno de Chubut suspendió por tres años, hasta 2009, cualquier actividad minera metalífera (incluyendo exploración) en el noroeste de la provincia, zonas de montañas, lagos, cabeceras de cuenca, parques nacionales, areas de reserva, y paisajes de postal. Tiempo después, producto del lobby de Comodoro Rivadavia, la zona de exclusión minera se amplió al sur de la cordillera. ¿Por qué no proteger también la cuenca del Senger, o el lago Fontana, se preguntaban los promotores de la ampliación? Pero sólo se prohibió la exploración minera en esas zonas, y no en toda la provincia. La meseta, más pobre, despoblada, quedó así librada a la decisión de las empresas, a pesar de estar prohibida la explotación de metales a cielo abierto en toda la provincia por la ley 5001, sancionada meses después de la consulta de 2003 y plenamente vigente en la actualidad.

“El fraccionamiento de la provincia crea ‘zonas limpias’ y otras ‘sucias’, habitantes de primera y de segunda clase. Pareciera que en la cordillera son habitantes de primera y por eso se prohíbe la minería. En cambio en la meseta, en el desierto de la provincia, la zona de más pobreza, pareciera que hay personas de segunda y ahí sí se permite la actividad minera. El Gobierno argumenta que en la meseta no se puede desarrollar otra actividad, y eso es una gran mentira”, denuncia la Asamblea de Esquel.

El gobernador Mario Das Neves, que ya se postula a presidente para el 2011, no aceptó el llamado de este diario, pero sí se refirió a la actividad minera el 25 de junio en la embajada de Canadá (país de origen de gran parte de las empresas que desembarcan a lo largo de la cordillera). “Creo que el proyecto Navidad es una experiencia fantástica. Ustedes tienen que tener la tranquilidad de que en mi provincia no somos nada prejuiciosos con la actividad minera, que somos cuidadosos y que queremos, cuando alguien invierte, que tenga la tranquilidad de que no se le van a cambiar las reglas de juego”, afirmó Das Neves. Los 120 empresarios canadienses aplaudieron y sonrieron con satisfacción, según da cuenta el mismo sitio de la minera Aquiline, que publicó una crónica del cóctel.

Por si quedaban dudas de la bienvenida a las compañías mineras, el ministro Coordinador de Gabinete de Chubut, Norberto Yahuar, explicó que el desarrollo del proyecto Navidad será “una bisagra en lo que es la minería en Chubut” y aseguró que el yacimiento en la meseta mostrará que es posible la actividad minera. “Tomamos una decisión puntual que era suspender la actividad minera en todo lo que es la comarca de los Andes (región de Esquel), justamente para tener la posibilidad de liberar otros proyectos en el interior de la provincia que nos permitieran ejercer esa bisagra, queremos recuperar ese espacio que se perdió durante ese proceso que se llevo adelante en Esquel, hay que revertir todo ese proceso. Junto con el Gobernador queremos reinstalar el tema (minero)”.

En la lujosa embajada de Canadá los empresarios mineros volvieron a sonreír.

 

Pérdida de soberanía y espionaje minero

El ripio prolijo y una tranquera amplia, verde oliva, cerrada con candado. Detrás de esa barrera comienza el proyecto Navidad. El viento castiga, los remolinos levantan tierra y el sol quema. Un cartel de “prohibido pasar” y otro, desactualizado, de “IMA Exploration”. Es que el yacimiento estuvo en manos de esa compañía hasta julio de 2006, pero — juicio mediante en Canadá — fue traspasado a Aquiline. El caso fue un hecho sin precedentes en la historia jurídica argentina, el conflicto sobre recursos naturales de Argentina no se resolvió en la justicia local, sino en tribunales extranjeros. Además, IMA realizó una investigación poco común: analiza a los pobladores de la zona, y cómo éstos pueden influir en el desarrollo del proyecto. Qué opinión tienen ante la minería, quiénes tienen peso en la opinión pública del lugar y sugiere estrategias de cómo obtener el visto bueno de la población. El objetivo final del relevamiento es evitar lo sucedido en Esquel, donde la empresa dio la espalda a la población y le costó la paralización del proyecto.

“Estudio social de las áreas de impacto del proyecto Navidad”, realizado por la consultora Rehuna, cuenta con 54 páginas y no se preocupa por los impactos del proyecto minero en la población, sino lo inverso, cómo la población puede beneficiar o perjudicar el desarrollo del yacimiento. Se trata de un estudio detallado de las familias de Gan Gan, Gastre y Blancuntre. Define el perfil de los pobladores, la actividad económica, organización familiar, gestión por recursos, experiencias de vida y la relación del lugar con la minería. También se describe cómo se organiza políticamente el lugar, quiénes son los referentes, los puntos fuertes y débiles. Cómo influyen las relaciones de parentesco y quiénes ostentan el poder local. Analizan la gestión comunal, cómo influyen los cultos religiosos, las acciones y perfiles de los funcionarios. Y cómo fueron resueltos algunos conflictos sociales anteriores.

El trabajo era particularmente preciso sobre el chenque: “Se deben tomar especiales recaudos es la existencia de un sitio arqueológico que consta de un enterratorio aborigen o chenque, cuya datación se sitúa en un rango de entre 400 y 800 años antes del presente. Debe ser de especial atención por la existencia en el área del proyecto de agrupaciones o comunidades de pueblos originarios con diferentes niveles de organización y que han de tener interés en el destino del sitio”. Lo señalaba como “potencial fuente de conflicto” y advertía que “la existencia del sitio arqueológico ubicado en un área clave puede tener derivaciones de los más variados”. En un apartado precisaba “puntos a resolver”, y remarcaba que “el más importante se resume en la continuidad del chenque en el área o su rescate y relocalización. Una alternativa es hacer partícipes a los descendientes o pertenecientes de pueblos originarios de las acciones que se lleven a cabo al respecto”.

Sobre la comunidad originaria Cual, fuerte en la zona, la investigación llama la atención sobre su participación en la red de comunidades coordinada por Endepa y hace eje en sus actividades: “Reafirmación étnica y cultural, conocimiento de sus derechos como pueblos indígenas y aprendizaje del idioma ancestral”. Señalan como figura de influencia al abogado Eduardo Hualpa. El relevamiento tiene un nivel de detalle que impresiona. Por ejemplo, precisa el número de familias que tienen inodoro y quiénes letrina, qué familias están peleadas entre sí, un cuadro de relaciones de parentesco, de cruces entre familias y de nivel de influencias en la vida social y política del lugar, y las influencias de los cultos presentes.

Considera que la escuela y el hospital son lugares con influencia en la opinión pública local, y advierten: “Prevalece como condicionante la experiencia de Meridian Gold en Esquel”. Y, justamente a Esquel, le dedican uno de los apartados más plagados de temores y advertencias. “Manipulación de información, su capacidad de gestión en los medios y la difusión eficaz del miedo a las catástrofes ambientales, de la salud humana y sociales en la población, fueron determinantes en el rumbo tomado hasta la actualidad por el conflicto de la mina. Actores similares a los que han actuado en el conflicto de Esquel podían tender sus influencias y que en tal caso sería de importancia crucial el esclarecimiento preventivo respecto de todas las implicancias reales del proyecto”, detalla la consultora. También remarca las dificultades de la empresa y resalta qué no se debe hacer. Señala que los habitantes de Gastre no hay referencias de lo sucedido en Esquel, pero sí en los funcionarios públicos, a los que describe como permeables a la opinión pública y recomienda una política de seducción.

Las conclusiones del estudio aseguran que quienes más demandas realizan son los sectores medios de las zonas urbanas, en particular los empleados del sector público y las autoridades locales, y aclara que entre ellos es donde mayor influencia tiene el conflicto de Esquel. Sobre todo los potenciales daños ambientales y el deterioro de la salud de la población. En cuanto a las comunidades indígenas, advierte que “es imposible imaginar un escenario de neutralidad” y recomienda una focalizada política de seducción: “Es preciso establecer contactos y trabajar sobre los ejes que hacen a su identidad étnica y sus reclamos, para compatibilizarlos con las actividades del proyecto. La ausencia de contactos o falta de flexibilidad puede generar un conflicto de derivaciones inciertas”. Y apunta a tres grupos de interés, que podrían influir en las comunidades indígenas: la iglesia católica (como grupo de apoyo de las comunidades), científicos del área y los funcionarios provinciales. Los dos últimos, fueron los actores protagónicos en la primera gran traba del yacimiento: la profanación del chenque. Por último, apunta al trabajo con diarios, radios y canales de televisión. “(Es necesario) Operar sobre los medios de comunicación”.

Publicado en Oro Sucio, Martes, 9 de Septiembre de 2008

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~ por darioaranda en septiembre 22, 2008.

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