El modelo agropecuario al banquillo

Comienza el primer juicio por fumigaciones con agroquímicos. Dos productores y un fumigador acusados. Y el modelo de agronegocios, de empresas y gobiernos, en la mira.

Por Darío Aranda

Imagen: Mural en Espacio Chico Mendes

Cincuenta millones de toneladas, diecinueve millones de hectáreas y, al menos, 190 millones de litros de agrotóxico. Sólo algunas de las cifras que estarán presentes desde hoy en el juicio oral que explicitará las consecuencias sanitarias, ambientales y sociales del modelo agropecuario actual que tiene a soja transgénica como principal cultivo. Este lunes comienza en Córdoba el primer juicio que ubicará en el banquillo de los acusados a dos productores y un aeroaplicador que fumigaban a vecinos del barrio Ituzaingó Anexo, en las afueras de la capital provincial. “Este juicio crea un precedente para Córdoba y para la Argentina. Tenemos el apoyo de muchas personas que nos acompañan, pero también sabemos que enfrente hay mucha gente que no quiere justicia porque se les pueden arruinar sus negocios. Enfrente están los sojeros, pero por sobre todo están los gobiernos provinciales y el Nacional, que son cómplices de las multinacionales y cuentan con el apoyo de grandes medios de comunicación”, alertó Sofía Gatica, de la organización Madres de Ituzaingó, pioneras en la lucha contra las fumigaciones e impulsoras de la denuncia.

 

Madres y locas

Al igual que a las Madres de Plaza de Mayo durante la dictadura militar, a las mujeres del barrio Ituzaingó Anexo les decían “locas”. Eran simples madres que, alertadas por las enfermedades de sus hijos y vecinos, comenzaron en 2001 a sospechar que algo sucedía. Miraron a su alrededor y no dudaron mucho: estaban rodeadas de campos de soja y las fumigaciones llegaban hasta sus casas.

Las mujeres se organizaron y fundaron la organización “Madres de Ituzaingó”. En el barrio, en las afueras de la ciudad de Córdoba, vivían cinco mil personas y 200 de ellas padecían cáncer. Detectaron casos de jóvenes de 18 a 25 años con tumores en la cabeza, chicos de 22 y 23 años que ya murieron, más de trece casos de leucemia en niños y jóvenes.

En todas las cuadras hay mujeres con pañuelos en la cabeza, por la quimioterapia, y niños con barbijo, por la leucemia”, lamentaba en 2007 Sofía Gatica, una de las referentes de la organización, que padeció la muerte de un bebé recién nacido (con una extraña malformación de riñón) y, en la actualidad, su hija de 17 años está en pleno tratamiento de desintoxicación (estudios municipales confirmaron que convive con dos plaguicidas en la sangre).

Las Madres denunciaron numerosos casos de alergias respiratorias y de piel, enfermedades neurológicas, casos de malformaciones, espina bífida, malformaciones de riñón en fetos y embarazadas y problemas de osteogénesis.

En marzo de 2006, la Dirección de Ambiente municipal analizó la sangre de 30 chicos del barrio: en 23 había presencia de pesticidas. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) también llegó hasta el barrio, convocada por la Municipalidad. En agosto de 2007 comenzó a analizar los relevamientos existentes, realizó entrevistas y confirmó las denuncias. “Se concluye que el barrio Ituzaingó Anexo puede considerarse como un sitio contaminado. Los contaminantes de mayor importancia son los plaguicidas y el arsénico, fundamentalmente en suelo. La presencia de plaguicidas en tanques de agua posiblemente refleje la intervención de la vía suelo-aire.” Entre las imprescindibles acciones recomienda “incrementar el control sobre fumigaciones clandestinas a distancias menores a las permitidas por ley”.

 

Endosulfán y glifosato

En diciembre de 2008, y luego de una presentación de la Subsecretaría de Salud de la Municipalidad de Córdoba, la Justicia prohibió utilizar agrotóxicos a menos de 500 metros del barrio Ituzaingó Anexo y, si las fumigaciones eran aéreas, la distancia mínima debía ser de 1500 metros.

Fumigar en áreas urbanas viola disposiciones de la Ley Provincial de Agroquímicos y constituye un delito penal de contaminación ambiental, que se pena con hasta diez años de prisión”, explicó en 2008 el fiscal de Instrucción del Distrito III, Carlos Matheu, que determinó la figura penal de “contaminación dolosa del medio ambiente de manera peligrosa para la salud”. El fallo focalizó en dos agroquímicos: endosulfán y glifosato.

El endosulfán es el insecticida más utilizado de Argentina: 5,5 millones de litros por año para la producción de algodón, maíz y soja, entre otros cultivos. El insecticida ya fue prohibido en 74 países y, en junio de 2011, fue incluido en el Convenio de Estocolmo (espacio internacional auspiciado por la Organización de Naciones Unidas que regula el tratamiento de sustancias tóxicas). La Red de Acción sobre Plaguicidas (PAN) –integrada por 600 organizaciones de 90 países– afirma que “los efectos del endosulfán incluyen deformidades congénitas, desórdenes hormonales, parálisis cerebral, epilepsia, cáncer y problemas de la piel, vista, oído y vías respiratorias”.

Consultado el Ministerio de Salud de la Nación sobre la toxicidad del endosulfán, respondió que tiene propiedades carcinogénicas para los seres humanos”, fundamenta la Resolución 101/11 (de junio de 2011) de la Defensoría del Pueblo, que señala al endosulfán como responsable de alteraciones neurológicas, afección visual, efectos adversos sobre el sistema reproductivo masculino, los riñones y el hígado, entre otros efectos negativos. La Resolución recuerda que la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó al endosulfán como “altamente tóxico”. Sin embargo, el gobierno nacional y los provinciales siempre minimizaron los efectos del insecticida. Recién en agosto de 2011, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) anunció la prohibición del uso del insecticida, pero la limitación regirá recién a partir de julio de 2013.

El glifosato es el agrotóxico más conocido de la Argentina. Se comercializa bajo una decena de marcas comerciales, aunque la más conocida es Roundup, de la multinacional Monsanto. Los productores de soja reconocen la utilización, como mínimo, de diez litros de glifosato por hectárea. En la campaña 2011 la soja abarcó 19 millones de hectáreas y los campos argentinos fueron rociados, en un solo año, con 190 millones de litros del herbicida. Ya cuenta con fallos adversos en Formosa, Buenos Aires, Salta, Chaco y Santa Fe.

 

El Gobierno y el modelo

Al conocerse el fallo judicial de diciembre de 2008, y con la disputa con la Mesa de Enlace aún fresca (por la fallida resolución 125), la presidenta Cristina Fernández de Kirchner creó por decreto en enero de 2009 la “Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos”, en el marco del Ministerio de Salud, para investigar los efectos del glifosato. La Comisión, donde tuvo gran influencia el ministro de Ciencia Lino Barañao (reconocido por su trabajo junto a empresas de biotecnología), nunca llegó a conclusiones claras respecto a los agroquímicos. Elaboró en agosto de 2009 el informe “Evaluación de la información científica vinculada al glifosato en su incidencia sobre la salud y el ambiente”, firmado por el “Consejo Científico Interdisciplinario” del Conicet y la Comisión Nacional. Seis capítulos y 130 carillas que recopiló estudios y donde fue recurrente una conclusión: la necesidad de investigaciones sobre los efectos del glifosato. No definió si era inocuo o perjudicial.

Y, ante la incertidumbre, el Conicet no cuestionó que se continúe utilizando en el país millones de litros de glifosato al año. Allí radicó la sorpresa, y malestar, de las comunidades afectadas y de científicos: Raúl Horacio Lucero (bioquímico y jefe del Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad Nacional del Nordeste), Raúl Montenegro (profesor titular de Biología Evolutiva en la Universidad Nacional de Córdoba y Premio Nobel Alternativo 2004), Fernando Mañas (investigador del Conicet y de la Universidad Nacional de Río Cuarto, especializado en daño genético producido por glifosato).

El objetivo del informe implica una visión reduccionista y fragmentaria que pretende simplificar una situación compleja, excluyendo al sujeto y parcializando la construcción del conocimiento. El informe es una simple enumeración de bibliografía, con muy poco análisis crítico, reflexivo y comparativo de sus resultados”, aseguró en 2009 la doctora en ciencias naturales Norma Sánchez, profesora titular de Ecología de Plagas de la Universidad Nacional de La Plata e investigadora independiente del Conicet.

En 2003, cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia, la soja abarcaba doce millones de hectáreas. En la actualidad, llega a 19 millones, el 56 por ciento de la tierra cultivada de Argentina.

En septiembre de 2011, la Presidenta presentó en Tecnopolis el Plan Estratégico Agroalimentario (PEA), con objetivos cuantitativos a alcanzar en 2020. En cuanto a producción granaria destaca que el objetivo es aumentar un 60 por ciento la producción (de los 100 millones de toneladas, llegar a 160), con el consiguiente avance sobre nuevos territorios. En la presentación estuvo secundada por el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, y el de Ciencia, Lino Barañao.

Una nueva confirmación de la profundización del modelo agropecuaria sucedió el 28 de febrero pasado. La Presidenta anunció que investigadores de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), del Conicet y la empresa Bioceres habían logrado una semilla de soja resistente a la sequía y que lograba “altos rendimientos”, lo que posibilitaría el avance sobre regiones en la actualidad hostiles al monocultivo.

En Bioceres tiene participación accionaria Gustavo Grobocopatel, titular del pool de siembra Los Grobo.

En el anuncio presidencial volvió a sobresalir la figura del ministro de Ciencia, Lino Barañao.

Organizaciones ambientales y campesinas aportaron la mirada ausente en el acto oficial: el corrimiento de la frontera agropecuaria, con más desmontes, más poblaciones desalojadas y más uso de agrotóxicos.

 

Al banquillo

Medardo Avila Vázquez era, en 2008, subsecretario de Salud de la Municipalidad de Córdoba. Había concurrido a Ituzaingó Anexo alertado por las Madres. Observó en persona cómo aviones fumigaban sobre las viviendas. De inmediato hizo a denuncia por “envenenamiento”. El fiscal Matheu ordenó estudios en los patios de las viviendas y confirmó la presencia de endosulfán y glifosato. También allanó galpones de chacareros, encontró tambores con los agrotóxicos y (además de poner un límite a las fumigaciones) procesó a los productores sojeros, al dueño del avión fumigador y al aviador.

La denuncia de 2008 sumó otra denuncia (de 2004) de las Madres de Ituzaingó, y es la que llega a juicio hoy en la Cámara I del Crimen. Tiene su fundamento en la Ley Nacional de Residuos Peligrosos (24051). El artículo 55 reprime con pena de prisión de tres a diez años al que utilizando productos peligrosos (entre ellos los agroquímicos) “contaminaren” de un modo peligroso para la salud pública, el aire, el agua y el ambiente en general.

Los acusados son los productores Francisco Rafael Parra y Jorge Alberto Gabrielli, y el piloto del avión fumigador Jorge Pancello. El abogado defensor es Carlos Hairabedian, uno de los abogados más reconocidos (y costosos) de Córdoba.

Avila Vázquez, el denunciante, renunció el 2009 a la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Córdoba. Médico pediatra, neonatólogo y docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, está ansioso. En pocas horas, y por primera vez en su vida, estará en un juicio oral. “Las comunidades denuncian a este modelo de agricultura tóxica desde hace más de diez años. Desde la universidad y desde la medicina llegamos tarde, hace cuatro años. Y la Justicia llegó aún más tarde, recién ahora, por primera vez un juicio oral”, lamenta Avila Vázquez, pero también es optimista: “Si se logra una condena, habrá justicia, se estará respetando el derecho a la salud de las poblaciones y forzaremos al poder político a debatir este modelo que, con pruebas científicas de sobra, enferma a las poblaciones”.

Darío Avila fue el abogado que inició la denuncia como letrado, en 2008, de la Subsecretaría de Salud de la ciudad de Córdoba y aún hoy asesora a las Madres de Ituzaingó: “No se persigue ningún tipo de indemnización económica, se lucha por justicia, por una condena, ya que la Ley de Residuos Peligrosos es muy clara respecto a la acción de poner en riesgo la salud pública, prevé condenas de tres a diez años, y a lo largo de toda la instrucción se han obtenido muchas pruebas de la contaminación y de las consecuencias en la salud de todo en barrio”.

La lucha de las Madres de Ituzaingó inspiró al jefe del Laboratorio de Embriología Molecular del Conicet-UBA (Facultad de Medicina), Andrés Carrasco, a investigar los efectos del glifosato en embriones anfibios. En abril de 2009 dio el alerta: comprobó que, aún con dosis hasta 1500 veces inferiores a las utilizadas en las fumigaciones sojeras, se producen trastornos intestinales y cardíacos, malformaciones y alteraciones neuronales.

Concentraciones ínfimas de glifosato, respecto de las usadas en agricultura, son capaces de producir efectos negativos en la morfología del embrión, sugiriendo la posibilidad de que se estén interfiriendo mecanismos normales del desarrollo embrionario”, subrayó Carrasco, e hizo hincapié en la urgente necesidad de limitar el uso del agrotóxico e investigar sus consecuencias en el largo plazo.

Tuvo como respuesta el apoyo de decenas de pueblos y organizaciones que denunciaban desde hacía una década los efectos de los agroquímicos, pero también le valió una campaña de desprestigió que unió al ministro de Ciencia de la Nación, Lino Barañao, a Clarín y La Nación, y a las grandes empresas del sector. Lo acusaban de no haber publicado su investigación en una revista científica.

En agosto de 2010, la investigación de Andrés Carrasco fue publicada en la revista estadounidense Chemical Research in Toxicology (Investigación Química en Toxicología), donde se confirmó que el glifosato produce múltiples malformaciones y, con análisis científicos como prueba, advirtió: “Los resultados comprobados en laboratorio son compatibles con malformaciones observadas en humanos expuestos a glifosato durante el embarazo”.

La investigación de Carrasco marcó un punto de inflexión. Los pueblos fumigados encontraron respuesta científica a tantos años de denuncias. Algunos grandes medios de comunicación comenzaron a dar cuenta del efecto sanitario del modelo agropecuario. Y buena parte del espectro científico nacional quedó en evidencia: los que aportaron pruebas de las consecuencias del modelo y, una gran mayoría, que cerró filas con la ciencia y la técnica al servicio del modelo productivista de agronegocios.

A casi dos años de la publicación científica, y a un día de iniciarse el juicio penal en Córdoba, Carrasco habla con mucho cariño de las Madres de Ituzaingó, recuerda sus primeras charlas y no deja sorprenderse: “El lunes será un paso más en su inmensa lucha por justicia, por la salud para sus hijos, por un modelo de producción que no sume más víctimas”.

El juicio es fundamental, tiene que marcar un hito, un antes y un después, salga como salga. Instalar este juicio como debate es una bisagra, por primera vez quedará en evidencia en un tribunal que acciones directas o indirectas de las corporaciones del modelo agropecuario están enfrentadas con las poblaciones locales. Se juega algo muy importante, las transnacionales o los pueblos”, resume Carrasco, investigador principal del Conicet y de la UBA.

El juicio comienza hoy lunes y podría extenderse hasta la próxima semana. Declararán productores sojeros, empresarios, científicos y muchos vecinos afectados. Concurrirán periodistas y dirigentes sociales de países latinoamericanos donde el modelo agropecuarios también suma denuncias. A las 8 concentrarán organizaciones sociales que apoyan la denuncia de las Madres de Ituzaingó, y las acompañarán hasta las puertas de tribunales. En paralelo al juicio, y frente a los tribunales, se montará una carpa de organizaciones ambientales donde transmitirán en vivo las instancias del juicio, habrá actividades artísticas, proyección de documentales, olla popular y charlas informativas de lo que implica el actual modelo agropecuario.

El viernes y sábado se reunirán, en la Universidad Nacional de Córdoba, un centenar de pueblos fumigados de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Chaco y Entre Ríos.

Medardo Avila Vázquez, que también integra la Red Universitaria de Médicos de Pueblos Fumigados, sabe que los tres acusados son el “eslabón más débil” del modelo de agronegocios, pero está convencido de que en el juicio se pondrá en debate, y se afectará, a otros actores. “Con la ley en la mano, apuntaremos a los distintos niveles de responsabilidad, donde los máximos responsables son las multinacionales de semillas y agrotóxicos, y los gobiernos que aplican a rajatabla las directrices de las corporaciones. Estos dos actores también estarán en el banquillo, y por eso están preocupados”, afirmó.

Sofía Gatica, de las Madres de Ituzaingó, nunca pensó que llegaría a esta instancia del juicio. Tampoco nunca imaginó que ganaría el Premio Goldman (algo así como el Premio Nobel del ambiente, primera vez que una argentina lo recibe). En abril pasado viajó a Estados Unidos y recibió la distinción por su lucha contra las fumigaciones.

No quiere arriesgar cómo finalizará el juicio, sólo reconoce que serán días “muy largos”, de “nervios”. Entiende ya como una “victoria” que estén frente al juez quienes “echaban veneno sobre familias enteras”, recuerda que vio “morir muchos vecinos, grandes y niños” en los últimos diez años y confiesa que tiene un sueño: “Que haya justicia. De los jueces depende que estos venenos del campo sigan, o no, enfermando y matando personas”.

 

* Publicado el 10 de junio por Comunicación Ambiental (comambiental.com.ar).

 

 

 

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~ por darioaranda en junio 13, 2012.

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