Fijar el límite

La ley nacional de bosques (formalmente Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos) fue sancionada el 28 de noviembre de 2007, establece que las provincias no pueden emitir nuevos permisos de desmontes hasta tanto no realicen un ordenamiento territorial –por ley– en sus zonas boscosas. Otorgaba un año, hasta el 28 de noviembre de 2008, para realizar un catastro que determine categorías de bosques según colores: rojo (de alto valor de conservación y que no deben tocarse), amarillo (de aprovechamiento limitado) y verde (que podrían talarse). La norma nacional, que establece el piso mínimo de protección de bosques, destaca que el mapeo debe contar con la imprescindible participación de organizaciones sociales (ambientales, campesinas e indígenas).

En Córdoba la ley estuvo muy demorada. Recién un año después de la norma nacional, la Secretaría de Ambiente convocó a la conformación del espacio encargado de proponer, debatir y consensuar la ley provincia: la Comisión de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (Cotbn), integrada por universidades, ONG, Parques Nacionales, un sector de Federación Agraria y el Movimiento Campesino de Córdoba (MCC).

La Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez-CRA), actor fuerte de la Mesa de Enlace en Córdoba, abandonó la Cotbn al poco tiempo, cuando confirmó que no podría imponer su mirada productivista, y comenzó a gestar un proyecto junto al Ministerio de Agricultura y legisladores afines a los agronegocios.

La Cotbn realizó siete talleres participativos en diferentes regiones de la provincia, presentó el proyecto de ley en audiencia pública (como solicita la legislación nacional) y lo elevó a la Secretaría de Ambiente, que demoró cuatro meses en enviarlo a la legislatura provincial. “Ambiente espero, de manera arbitraria, tanto tiempo para que Cartez presentara su proyecto, y elevar a la Comisión de Asuntos Ecológicos ambos proyectos”, explicó Fernando Barri, biólogo miembro de la Cotbn.

La Comisión de Asuntos Ecológicos convocó a rondas de consultas, donde participaron campesinos e investigadores, donde se hizo hincapié en los argumentos técnicos, sociales y jurídicos de ambos proyectos. Dejó de lado el proyecto del sector ruralista (no se explicó el motivo, pero dejaron trascender que era contrario a la ley nacional) y tomaron como base el proyecto de la comisión oficial. Luego de ocho meses de debate en la Legislatura, y casi tres años de sancionada la ley nacional, los legisladores presentaron el proyecto en la cámara provincial. Un día antes del tratamiento legislativo, el 3 de agosto, el oficialismo anunció que presentaría un proyecto que nunca había pasado por la Cotbn ni la Comisión de Asuntos Ecológicos. Fue votado en la madrugada del 5 de agosto por el oficialismo (peronismo bajo el paraguas de Unión por Córdoba) y UCR. Los bloques que no votaron la ley fueron Concertación Plural, Frente para la Victoria, ARI, Izquierda Unida. El Frente Cívico, que comanda Luis Juez, votó dividido ambas posturas. Fueron 57 votos contra once.

Mario Barcena, integrante del Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), resumió: “Gran parte de la clase política y el gobierno provincial fueron permeables a la Mesa de Enlace, sojeros y ganaderos, grandes terratenientes. Se impidió contar con una ley que defienda el bosque y el ambiente de la provincia”.

Ese mismo día la Ley 9814 fue bautizada “ley del desmonte”.

 

Subnotas:

Nueva ley, desalojos en puerta

“Un dramático ejemplo”

Nota principal:

Córdoba, caso testigo del avance sojero sobre los bosques


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